Nayib Bukele, presidente de El Salvador, vuelve a estar en medio de la polémica, tras cambiar la descripción de su cuenta de Twitter de “Presidente de El Salvador” a “Dictador de El Salvador” y posteriormente “El dictador más chévere del mundo”, en referencia a las críticas en su contra, que señalan las tendencias dictatoriales que está tomando su gobierno.
Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador bajo la ya habitual etiqueta de “no político” o, en el mejor de los casos, de político de la periferia, al margen de los dos grandes partidos que se han alternado en el poder desde el final de la guerra civil en el país centroamericano.
Su campaña se caracterizó por el uso de las redes sociales, uno de los principales signos de la juventud del entonces candidato. En su momento, su edad fue uno de los principales objetivos de sus detractores, que señalaban su inexperiencia como un riesgo para los salvadoreños.
Sin embargo, décadas de violencia y varios gobiernos envueltos en escándalos de corrupción empujaron a los votantes hacia la imagen del joven político, que obtuvo más del 50% de los votos en las elecciones presidenciales de 2019.
Apenas un año después de ganar la presidencia, Bukele entró al Congreso escoltado por un fuerte operativo del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) para exigir a los legisladores que aprobaran un préstamo para la tercera fase del Plan de Control Territorial, al que atribuyó la reducción de la tasa de homicidios.
Tanto la oposición del país como la comunidad internacional rechazaron las acciones del presidente y le instaron a respetar la división de poderes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidió “el pleno respeto de las instituciones democráticas para garantizar el estado de derecho, incluida la independencia de las ramas del poder público”.
En el mismo sentido, el jefe del Ejecutivo salvadoreño fue duramente criticado por el uso del ejército para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de Covid-19.
A esto se sumó el desacato a una orden de la Corte Suprema de Justicia para detener las detenciones de personas que no respetaran el encierro, llevadas a cabo por el ejército y la policía. Sin embargo, Bukele se negó con el argumento de que “el tribunal no tiene autoridad para aplicar o eliminar medidas sanitarias ni para decidir sobre la contención epidemiológica”.
A raíz de la pandemia, el presidente salvadoreño se enfrentó a otra crisis mediática, después de que se difundieran fotografías de la población carcelaria desnuda y hacinada, sin tener en cuenta la posibilidad de contagio de Covid-19.
Los defensores de los derechos humanos dictaminaron que las imágenes mostraban graves violaciones a la dignidad de las personas encarceladas.
En septiembre de 2020, el medio de comunicación El Faro publicó una investigación, realizada por la Fiscalía General de El Salvador, sobre las negociaciones que la administración de Bukele mantuvo con los líderes de la Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.
Según la información divulgada por el medio, a cambio de mantener la histórica baja en la tasa de homicidios, los líderes de las pandillas pidieron mejoras en la vida carcelaria de sus miembros, así como beneficios para sus liberados.
Entre los beneficios penitenciarios estaba la medida de revertir la mezcla de reclusos de diferentes pandillas en una misma celda. Esta medida también fue muy criticada, ya que los expertos en la materia afirmaron que era “una invitación a matarse entre ellos”, según The New York Times.
Posteriormente, a principios de 2021, el partido Nuevas Ideas, creado en torno a Bukele, obtuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa y destituyó al fiscal Raúl Melara, quien hasta entonces había dirigido la investigación contra los funcionarios involucrados en las negociaciones.
Rodolfo Delgado ocupó el lugar de Melara y poco después desmanteló la unidad que llevaba el caso.
Los últimos ataques contra el presidente de El Salvador surgen de la injerencia que varios sectores del país, así como la comunidad internacional, acusan por parte del Ejecutivo hacia los poderes Legislativo y Judicial, sobre todo después de las reformas a la Fiscalía General y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
Apenas en mayo pasado, la Asamblea Legislativa sustituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y los nuevos integrantes analizaron un artículo de la Constitución que permitiría a Bukele, si así lo desea, postularse a un nuevo período presidencial inmediatamente después de terminar su mandato.
Por último, el proyecto de reforma constitucional, liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, y el decreto que jubila a los magistrados de la Corte Suprema y a los fiscales mayores de 60 años provocaron protestas con el presidente dentro y fuera del país.
