La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió este miércoles que el proyecto de ley para regular el funcionamiento de las redes sociales en México pone en riesgo la libertad de expresión en el país ya que constituye una “violación de los estándares internacionales”.
El proyecto de ley, impulsado por el líder de la mayoría en el Senado mexicano, Ricardo Monreal, “obligaría a las empresas a censurar categorías muy amplias de contenidos en línea, lo que contraviene los estándares internacionales actualmente vigentes”, lamentó la organización.
En un comunicado, HRW instó al senador Monreal -que encabeza el partido gubernamental Morena- a “desistir de su propuesta”, después de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se mostrara contrario a la medida.
“Este proyecto de ley impondría las restricciones más severas a la libertad de expresión que se hayan visto en México en décadas y allanaría el camino para que se prohíba la operación de las redes sociales y para que el gobierno censure los contenidos con los que no esté de acuerdo”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Señaló que “aunque el senador Monreal afirma que su intención es proteger la libertad de expresión”, el proyecto de ley “haría todo lo contrario” una vez que se ponga en práctica.
El proyecto de ley convertiría al regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión del país, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en un árbitro en materia de moderación de contenidos, facultándolo para anular las decisiones de los operadores de redes sociales sobre cómo y cuándo eliminar las publicaciones de un usuario o suspender o cancelar su cuenta.
También permitiría al IFT sancionar a los operadores de redes sociales con multas de hasta 4,4 millones de dólares si incumplen sus normas o si el IFT no está de acuerdo con sus decisiones de gestión de contenidos. Esto podría agravar aún más la concentración de medios al obligar a las empresas más pequeñas a dejar de operar en México para evitar las fuertes multas, advirtió la organización.
El documento también indica que bajo el proyecto de ley, cualquier red social con al menos un millón de usuarios debe obtener el permiso del IFT para operar en México. El IFT podría establecer reglas sobre cómo deben operar dichas redes y, por lo tanto, estaría “facultado para revisar y modificar los términos de servicio de las redes”.
En la práctica, esto permitiría al IFT prohibir el funcionamiento de cualquier red social en México o impedir que los usuarios en México se unan a una red no autorizada, lo que impone importantes limitaciones a la libertad de expresión. Esto podría alentar a los operadores de redes sociales a bloquear a los usuarios en México para evitar ser sometidos al proceso de revisión del IFT.
“Proteger la libertad de expresión en Internet, garantizar que las entidades privadas no interfieran con esa libertad y permitir que los usuarios apelen las restricciones a su expresión son objetivos legítimos”, insistió HRW, que recordó que “en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, México tiene la responsabilidad de promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso y la obligación de garantizar que cualquier restricción a la libertad de expresión sea necesaria y proporcionada para lograr un objetivo legítimo.”
“La propuesta del senador Monreal no es más que censura pura y dura, y contradice los estándares jurídicos internacionales al facultar al gobierno mexicano para restringir el acceso a algunos sitios web y decidir qué contenidos pueden o no difundir los usuarios de las redes sociales”, subrayó Vivanco, quien enfatizó que “establecer estas severas regulaciones terminaría por asfixiar la libertad de expresión, en lugar de protegerla.”
