La coalición Va por México, integrada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD, acusó que existe una campaña de ataques y violencia contra los candidatos de su alianza, y exigió al gobierno poner un alto “a las acciones intimidatorias” que está realizando.
Los dirigentes de estos partidos señalaron que las recientes detenciones, encarcelamientos y acusaciones al margen de la ley, durante el periodo electoral y sin el debido proceso contra los candidatos de su alianza “significan el más condenable uso político del Ministerio Público para combatir a la oposición y demuestran que MORENA sabe que perderá la mayoría en las próximas elecciones”.
Esta coalición, a través de un comunicado, aseguró que la persecución del Gobierno Federal contra sus candidatos es un intento “cobarde” de ganar las elecciones por la fuerza.
Los 3 presidentes de estos partidos políticos también expresaron que repudian públicamente la persecución y la violencia política “que pone en riesgo la realización de elecciones democráticas”.
Precisaron que hay tres casos que demuestran claramente que el Gobierno ataca a sus candidatos: el acoso policiaco a Luis Cobo Fernández, candidato a diputado federal en el distrito de Tehuacán, Puebla; la persecución política a Jesús Giles, candidato a Presidente Municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla y la detención ilegal de Rogelio Franco Castán y Gregorio Gómez Martínez, candidatos a Diputado Local y Presidente Municipal en Veracruz.
Ante esta situación, la coalición “Va por México” reiteró su exigencia de que en lugar de invertir los recursos del Estado mexicano en fabricar expedientes y casos inexistentes, el Gobierno Federal active los protocolos de seguridad para que tanto los ciudadanos como los candidatos de cualquier partido político tengan la certeza de que su integridad no estará en riesgo en estas elecciones.
Finalmente, expresaron que al Presidente de la República se le olvida que los ataques contra los candidatos en este proceso electoral, sin importar su filiación partidista, no sólo violan las garantías individuales, sino que dañan la democracia mexicana y el derecho de los ciudadanos a elegir el rumbo de México.
