QUITO. Seis bandas se disputan las cárceles de Ecuador, y la mayoría de ellas están al servicio de los cárteles mexicanos de la droga.
Los Choneros, los Pipos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Lagartos y los Lobos son las bandas que dominan las cárceles del país.
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De ellos, una disputa entre los Choneros y los Lobos, alas armadas de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, habría desencadenado el enfrentamiento armado que dejó más de 100 muertos en una cárcel de Guayaquil.
Su disputa por el control de los internos y del espacio ha provocado más muertes violentas en las cárceles en 2021 que en 2019 y 2020.
En total, este año ha habido 144 reclusos muertos en asesinatos relacionados con motines. La cifra es alarmante teniendo en cuenta que en 2020 hubo 51 muertes de este tipo, en 2019 fueron 33 y en 2018 fueron 11.
Para Andrés Granda, sociólogo y máster en políticas públicas, el discurso de “fue una guerra entre bandas” se ha normalizado de tal manera que “permite al gobierno desligarse de su responsabilidad.”
Un ex funcionario del sistema penitenciario comentó que en el sistema penitenciario hay seis bandas “bien constituidas” que luchan por el control de los pabellones y cuya rivalidad por el espacio también está “en el exterior”, ya que necesitan ser dueñas de las rutas de la droga de los cárteles mexicanos a los que responden.
Antes de la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” y líder de los Choneros, los penales tenían territorios marcados y “respetados”.
Con su muerte (2020), las bandas de los Pipos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Lagartos y los Lobos “se han propuesto atacar a los Choneros y quitarles su espacio”, dice el ex funcionario, que prefiere el anonimato.
“Estas bandas lo saben todo sobre el sistema penitenciario y mueven la corrupción que reina en guías, directores y demás (…) de otra manera no se explica la entrada de motosierras y fusiles”, explica.
Agrega que los reclusos planean motines simultáneos porque saben que la capacidad de reacción del gobierno y el número de personal de seguridad es bajo.
El experto en seguridad Mario Pazmiño dice que el narcotráfico en Ecuador y las pandillas de las cárceles responden a dos carteles mexicanos: el Cartel de Jalisco – Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa.
Ambos se disputan el control de los corredores de cocaína y de las redes de transporte a lo largo de la costa ecuatoriana hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
La rivalidad más marcada es la de los Lagartos y los Choneros. Los primeros responden al Cártel de Jalisco – Nueva Generación y los segundos al Cártel de Sinaloa. “Por eso han adoptado formas más sangrientas en los asesinatos, porque vienen de la escuela del narco mexicano”.
Sobre los otros cuatro grupos, el ex trabajador del sistema penitenciario explica que muchos son disidentes de los Choneros y los Lagartos y pueden estar vinculados a los mismos cárteles o a otros de menor impacto en el país, como los Zetas, la Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.
El coronel Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, dice que el aumento de las muertes violentas, los ataques con drones y las armas que tienen los presos son un claro mensaje de los cárteles al Estado: “el narcotráfico amenaza al Estado y no el Estado a los narcotraficantes”.
Por eso, un plan estratégico contra el narcotráfico y el tráfico de armas debe ser la consigna, para que “la violencia en las cárceles no se desborde a las calles”, dice Pazmiño.
Pero la crisis carcelaria no comenzó con la masacre de 79 presos el 23 de febrero de 2021. El estado de las cárceles es el resultado de las reformas legales, que entran en la categoría de populismo penal, más la naturalización del mandato interno de las bandas criminales y sus “guerras” por el espacio.
Andrés Granda indica que el colapso del sistema penitenciario se remonta a 2018.
“Si bien el déficit de guías penitenciarias, tecnología e infraestructura es algo que viene desde hace décadas, en Ecuador, en 2018, el abuso de la prisión preventiva impactó en el grado de hacinamiento”, dice.
En 2018, hubo un 36 por ciento de hacinamiento. En 2021 llega al 38 por ciento.
La entrada en vigencia del Código Penal, en 2014, tiene mucho que ver, según Granda, y lo único que representó fue el populismo penal del gobierno de Rafael Correa para enviar el mensaje de que había “mano dura contra la delincuencia.”
(Reproducido con permiso del diario ecuatoriano La Hora).
