TOKIO: El presidente surcoreano, Moon Jae In, ordenó a varios altos funcionarios del Gobierno que estudien la posibilidad de presentar una demanda ante organismos internacionales para frenar la decisión de Japón de verter al mar el agua tratada que actualmente se almacena en la central nuclear de Fukushima.
Japón anunció un día antes que vertería más de un millón de toneladas de agua de la central nuclear accidentada después de su tratamiento, a pesar de la oposición de los países vecinos y de los pescadores locales.
El plan provocó la inmediata oposición de la vecina Corea del Sur, China y Taiwán, con quienes comparte territorio marítimo. Corea del Sur protestó enérgicamente por la decisión, convocando al embajador de Tokio en Seúl y convocando una reunión interinstitucional de emergencia para elaborar su respuesta.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China advirtió que la decisión de Japón sentará un precedente en materia de eliminación de aguas residuales.
“El océano no es el vertedero de Japón, el Océano Pacífico no es el alcantarillado de Japón“, dijo Zhao Lijian, portavoz de la agencia china.
“Japón no debe permitir que el mundo entero pague por la forma en que gestiona sus aguas residuales nucleares”, sentenció.
China también pidió al viceprimer ministro japonés, Taro Aso, que bebiera el agua contaminada de la central de Fuskushima que Japón ha decidido verter al mar, después de que dijera que era “segura para beber”.
Aso aseguró el martes en una rueda de prensa que había “escuchado” que el agua radiactiva tratada de Fukushima que se va a verter al mar “no sería perjudicial si se bebe”.
“Un alto funcionario japonés dijo que está bien si bebemos esta agua, entonces por favor sigan adelante y bébanla”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en la rueda de prensa diaria de la agencia.
Zhao dijo que la “ignorancia” de Japón sobre el entorno ecológico es “totalmente injustificable” y señaló que el equipo de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica subrayó que el vertido “afectará al entorno marino y a la salud de las personas” y que las aguas residuales “deben ser purificadas para eliminar otros radionucleidos”.
