Maritza del Carmen Yeh Chan recuerda que 2020 fue un año complicado para mantener a flote la Casa de la Mujer Indígena U Muuk’il ko’olelo’ob María Uicab, entre la pandemia del Covid-19 y el recorte de 75 por ciento de los recursos recibidos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La coordinadora de este lugar, que atiende a mujeres mayas víctimas de violencia en Quintana Roo, se unió a las directoras de las otras 34 Casas de la Mujer Indígena del país para exigir al gobierno federal el dinero necesario para continuar con su labor.
Durante cuatro meses se movilizaron en redes sociales, tocaron puertas en el Senado y la Cámara de Diputados y se sentaron con Hacienda y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sólo presionando día a día lograron que las autoridades liberaran los recursos.
Esto no ocurrió en todos los casos. La decisión de López Obrador de no dar más dinero a las organizaciones no gubernamentales (ONG), o de reducirlo al mínimo, provocó que muchas dejaran de operar porque las donaciones y subsidios públicos eran vitales para su funcionamiento.
La crisis económica provocada por la emergencia sanitaria agravó su situación financiera.
De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el número de donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en México pasó de 10 mil 432 en 2019, primer año de la actual administración, a 9 mil 675 en 2021, lo que significa una reducción de siete por ciento.
En el mismo periodo, el número de donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles del extranjero creció de 3 mil 724 a 4 mil 425, es decir, 19 por ciento.
Dominique Amezcua, coordinadora de Incidencia Política de la organización Alternativas y Capacidades, señala que la caída en el número de donatarias autorizadas se debe también al endurecimiento de las obligaciones fiscales que deben cumplir.
“Es un proceso complicado y requiere una serie de requisitos que, desde nuestro punto de vista, son excesivos. Lo que está generando este fenómeno es que cada vez menos organizaciones apuesten por convertirse en donante autorizado porque los beneficios son cada vez menores y, por el contrario, las medidas sancionadoras son cada vez más duras respecto al incumplimiento de cualquier trámite.
“Esto no significa que estemos en contra de la rendición de cuentas y la transparencia. Hemos cumplido con cada uno de los nuevos requisitos, pero con la pandemia y la escasez de recursos (materiales, humanos y financieros), esta sobrerregulación está provocando que las organizaciones prefieran no constituirse o incluso se vean obligadas a dejar de operar.”
Lucía Hidalgo, directora ejecutiva de esta asociación, que se dedica a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, agregó que generalizarlas a todas como corruptas “ha generado un ambiente de un espacio cívico cerrado, un espacio público cada vez más restringido donde parece que lo único público se refiere al gobierno”.
Dos meses después de llegar al poder, López Obrador anunció que dejaría de entregar dinero a las ONG para que ya no hubiera intermediarios que manejaran los recursos públicos.
“Ya no vamos a entregar recursos a las organizaciones, ni a las organizaciones sociales, ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil, para eso está el gobierno… Los apoyos van directamente a los beneficiarios, no va a haber intermediarios.
“Si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas -el dinero que va a la gente- o pasa por organizaciones, no llega, o llega muy poco, porque hay piquetes de ojo”, expresó en su conferencia del 5 de febrero de 2019.
El mandatario también se ha dedicado a criticar a las organizaciones civiles que reciben apoyo del extranjero. Incluso solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que les retirara el financiamiento, sin recibir una respuesta afirmativa.
El 15 de agosto, durante una gira por Jalisco, volvió a expresar su molestia por este tipo de donaciones.
“Y yo les pido respetuosamente a las asociaciones no gubernamentales, aunque vivan de eso, que nos dejen, porque no hablo sólo de eso, hay quienes viven de administrar conflictos, reciben dinero por eso, incluso del extranjero. Hay asociaciones en Estados Unidos, incluso del gobierno estadounidense, que dan financiación a asociaciones no gubernamentales. Así que, cruz, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús”.
Amezcua considera que el discurso presidencial, además de ser estigmatizante, no ayuda en una sociedad donde la cultura de la donación y la filantropía está en pañales. Y donde la pandemia terminó por agravar todo.
“Por supuesto que ha habido un impacto sustancial en el trabajo que hacen las organizaciones en el contexto de la pandemia: 40 por ciento de las organizaciones han tenido que reorientar sus programas, siete de cada 10 dicen que han tenido una disminución en sus donaciones, y siete de cada 10 dicen que han tenido una disminución en sus donaciones.
