Las empresas que se vean afectadas por los cambios en materia eléctrica podrán acudir a los tribunales internacionales para exigir compensaciones al gobierno mexicano, o bien, buscar negociaciones para restablecer los contratos, afirmó Kenneth Smith, líder negociador del T-MEC.
La reforma eléctrica enviada la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados, establece la cancelación de los contratos otorgados desde 2013 a privados para vender energía renovable a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En entrevista con El Sol de México, el especialista calculó que en el sector de las energías renovables, es decir, la eólica y la solar, existen 50 proyectos de diferentes países que superan las inversiones de seis mil millones de dólares.
“Las empresas individuales pueden recurrir a los mecanismos de solución de controversias que existen en el T-MEC y en el acuerdo bilateral de protección de inversiones. Hay paneles internacionales en los que las empresas pueden exigir la reparación de los daños”, dijo.
Esto significa que cada empresa puede presentar una demanda individual contra el gobierno mexicano, añadió.
Sin embargo, esta no es la única vía, pues según Kenneth Smith, las empresas estadounidenses pueden solicitar apoyo a Washington para presentar una demanda entre países.
“Estas demandas pueden llegar a nivel de panel y si determinan que hay daño podría haber represalias comerciales en otros sectores del comercio internacional”, comentó.
“Hay dos vías muy peligrosas que son las demandas individuales o los paneles Estado contra Estado“, mencionó.
Otra opción, dijo el especialista, es que el gobierno mexicano decida negociar con el sector privado para obtener nuevos términos en los contratos, como sucedió con la construcción de gasoductos.
La propuesta incrementará los precios de la electricidad en el país y será negativa para la calificación del sector, advirtió la calificadora Moody’s.
De aprobarse, esta iniciativa también disminuirá la transparencia operativa del mercado eléctrico nacional, al tiempo que ahuyentará las inversiones privadas, especialmente en energías renovables y retrasará la transición energética del país.
“La reforma propuesta no sólo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México en el logro de sus objetivos de energía limpia”, dijo Moody’s en un informe.
El 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas del país.
La propuesta establece la separación de las subsidiarias CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital y reintegra el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la empresa que dirige Manuel Bartlett.
“Si bien la CFE podría compensar parte de la inversión privada perdida en energía renovable al reemplazar parte de su generación contaminante y más costosa, no ha anunciado nuevas plantas de energía renovable además de sus inversiones en plantas hidroeléctricas existentes y la construcción de un proyecto fotovoltaico en Sonora“, agregó Moody’s.
Con información de Miguel Ensástigue
