ROMA: La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para hacer retroceder a cientos de personas, entre ellas antivacunas y neofascistas, que se manifestaron en Roma contra una campaña del gobierno para hacer obligatorio el “Pase Verde” de Covid-19 para todos los trabajadores.
La jornada se preveía calurosa debido a la convocatoria de protestas en varias ciudades contra las medidas del gobierno para gestionar la crisis sanitaria. Pero las previsiones se cumplieron sobre todo en Roma, que acabó sumida en el caos.
Unos diez mil manifestantes, entre los que se encontraban militantes del movimiento neofascista Forza Nuova, marcharon por el centro de la capital, lanzando insultos contra el gobierno de unidad nacional de Mario Draghi y también contra la prensa.
El enfrentamiento se saldó con 38 policías heridos, 600 manifestantes identificados y 12 detenidos, entre ellos el líder nacional de Forza Nuova, Giuliano Castellino, y el líder romano, Roberto Fiore.
Un grupo que participó en las protestas, entre ellos antivacunas y neofascistas, asaltó el servicio de urgencias del hospital Umberto I, hiriendo a dos enfermeras, una de ellas con un botellazo en la cabeza, y a dos agentes de seguridad, según confirmó el consejero de Sanidad de la región del Lacio, Alessio D’Amato, a la televisión pública RAI.
El consejero aseguró que había sido una “noche de locura” en el hospital, que fue atacado por una treintena de personas, lo que obligó incluso al personal médico a encerrarse para protegerse.
“Después de más de un año de pandemia no es justo vivir estas agresiones”, lamentó D’Amato.
Durante la marcha también asaltaron la sede nacional del mayor sindicato italiano, la CGIL, y lanzaron petardos y bombas de humo contra la sede del gobierno, el Palazzo Chigi, lo que provocó la reacción de los antidisturbios, con mangueras de agua a presión y cargas.
Finalmente fueron detenidas doce personas, entre ellas el líder nacional de Forza Nuova, Giuliano Castellino, y el líder romano, Roberto Fiore.
Sin embargo, la tensión se trasladó al hospital Umberto I, donde había ingresado un manifestante herido en las cargas y que avisó a sus compañeros.
Entonces, entre 30 y 40 “violentos” se concentraron en el exterior de la sala de urgencias, intimidando al personal médico y atacándolo.
Tras estos sucesos, el país se planteó la necesidad de ilegalizar los movimientos neofascistas, que actualmente se alimentan del malestar provocado por la pandemia.
La CGIL, que ha aceptado el sistema de pases verdes para los trabajadores, condenó el ataque a sus oficinas.
Según el sistema de pases, cualquier trabajador que no presente un certificado de salud válido a partir del 15 de octubre será suspendido sin sueldo, pero no podrá ser despedido.
