GUADALAJARA. Las comisiones de Derechos Humanos de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas exigieron a los gobiernos federal y estatal “restablecer la paz y la seguridad ciudadana de las personas” que viven en la región fronteriza de esos estados, especialmente de los indígenas wixaritari, luego de que el pasado 22 de septiembre desaparecieron seis de ellos y hasta la fecha se han encontrado los cuerpos de cuatro.
“Las comunidades wixaritari asentadas en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, así como en las localidades de Monte Escobedo y Valparaíso, Zacatecas, se encuentran en situación de riesgo por la presencia de grupos al margen de la ley, que ha ido en aumento”, señala el comunicado conjunto que los cuatro organismos publicaron ayer.
En el documento, las organizaciones aseguran que ya se han pronunciado en varias ocasiones sobre la falta de seguridad pública en la región y vuelven a solicitar a los gobiernos federal, estatal y municipal que refuercen la coordinación entre las corporaciones para proteger a quienes viven y transitan por estos territorios.
Sólo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se ha pronunciado al menos cinco veces en los últimos dos años sobre la violencia en la zona, la última a principios de julio pasado, luego de que dos trabajadores de la Secretaría de Salud, un chofer de ambulancia y un médico pasante fueron secuestrados y asesinados tras trasladar a un paciente a Fresnillo, en Zacatecas.
“Estas defensorías hacen un enérgico y urgente llamado a las autoridades competentes en materia de seguridad pública federal, estatal y municipal para que promuevan de inmediato una efectiva coordinación entre las fuerzas de seguridad de los distintos niveles de gobierno, a fin de restablecer la paz y la seguridad ciudadana de las personas que habitan en esa región”, señala el comunicado.
Aunque el documento de las comisiones de derechos humanos menciona sólo cuatro municipios -dos en Zacatecas y dos en Jalisco- con problemas de violencia, la Organización Editorial Mexicana identifica al menos nueve demarcaciones en la zona donde se han presentado graves hechos violentos.
En Jalisco, en el municipio de Mezquitic, el precandidato del PRI a la alcaldía, Álvaro Madera López, fue secuestrado y visto por última vez el 4 de febrero de 2021. Este municipio es también el lugar de origen de los seis indígenas wixaritari secuestrados y asesinados el 22 de septiembre en Monte Escobedo, Zacatecas.
En Teocaltiche, otro municipio del norte de Jalisco, decenas de personas abandonaron sus hogares en mayo pasado debido a los constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Apenas el pasado 2 de octubre, una balacera terminó con dos presuntos sicarios detenidos y uno muerto en la comunidad de Villa Hidalgo.
En Zacatecas, en septiembre, habitantes de 13 comunidades del municipio de Jerez se vieron obligados a huir de la zona debido a las constantes desapariciones de personas y asesinatos por parte de los cárteles, que han amenazado a los habitantes.
En Durango, las carreteras que conectan el sur del estado con los vecinos Jalisco y Zacatecas son constantemente asediadas por hombres armados, que instalan retenes y detienen a las personas que pasan por la zona. En octubre de 2020, seis policías fueron emboscados y asesinados en Huezamota por sicarios, presuntos miembros del Cártel de Jalisco – Nueva Generación (CJNG).
En los límites de Nayarit también se ha denunciado la presencia de grupos armados que intimidan a los pueblos originarios de la región.
Los organismos de derechos humanos insisten en que “el derecho humano a la seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas, en los términos del artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Exigieron a las diversas autoridades estatales encargadas de la administración de justicia que las investigaciones, diligencias y el debido proceso se realicen bajo un enfoque diferencial y especializado, con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos respectivos.
La comunidad wixárica, o huicholes, lleva años resistiendo los ataques de grupos criminales a sus tierras, ubicadas en la Sierra Madre Occidental, justo en los límites entre Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas.
Los comuneros de esta etnia han sido intimidados y asesinados por los cárteles que operan en la zona. La situación de violencia ha impedido incluso que los gobiernos federal y de Jalisco envíen ayuda a estas personas.
La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hizo dos exhortos, en marzo y abril de este año, a los gobiernos federal y estatal para que garanticen la seguridad y los servicios de salud a la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic.
El organismo recordó que debido a la situación de inseguridad que prevalece en los límites territoriales de la zona es
