Tras su detención por parte de la policía municipal de Torreón, Coahuila, Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó haber sido detenido por conducir en estado de ebriedad y aseguró que hubo irregularidades en el proceso.
En un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del Tribunal, el ministro dijo: “Nunca he aceptado ni aceptaré que estaba borracho. Simplemente, nunca tuve la oportunidad de probarlo”.
Según el funcionario, el arresto fue realizado por un agente de la policía municipal de Torreón, una operación que se llevó a cabo “al margen de cualquier control o alcoholímetro” y que tuvo lugar el sábado, según información de la agencia de noticias EFE.
Otras irregularidades señaladas por el ministro son que nunca pudo ver o hablar con un médico, una autoridad, un juez, un fiscal o un representante de derechos humanos, y que su liberación se produjo después de que las autoridades municipales dijeran a la familia del ministro que tendrían que pagar 6.500 pesos “sólo en efectivo”, negándoles cualquier recibo o comprobante de pago.
“Quiero dejar claro que estoy totalmente de acuerdo con la lucha y las medidas antialcohol. Nadie tiene derecho a conducir bajo los efectos del alcohol y este comportamiento debe ser severamente castigado. Sin embargo, estas operaciones deben estar sujetas a normas estrictas que eviten la corrupción y respeten los derechos humanos de los ciudadanos”, dijo el ministro.
Por último, señaló que a pesar de que “las publicaciones han publicado todos mis datos personales violando flagrantemente la protección que les otorga la ley”, ha decidido no presentar una denuncia y aseguró que no tiene absolutamente nada que ocultar ni de lo que avergonzarse.
La detención del abogado, que es ministro de Justicia desde 2015, cuando fue nombrado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, se produjo en la ciudad de la que es originario. Sin embargo, cobró notoriedad en octubre de 2020 cuando presentó varios argumentos contra la constitucionalidad del referéndum propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes de México.
