Sebastián Piñera, presidente de Chile, decretó este martes el estado de excepción y la militarización de la zona donde se han producido ataques, incendios y violentos enfrentamientos con indígenas mapuches que reclaman la propiedad de tierras ancestrales.
“Hemos decidido decretar un estado de excepción” en cuatro provincias de las sureñas regiones del Biobío y La Araucanía, que “contempla la designación de jefes de la defensa nacional” para controlar una situación de “grave alteración del orden público”, anunció Piñera.
Son de “público conocimiento” los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado cometidos por grupos armados” en esas provincias, donde han muerto “personas inocentes” y policías, dijo Piñera.
El anuncio del presidente se produjo, rodeado de polémica, en el día en que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, que desencadenó la conquista europea y la masacre de los pueblos originarios.
“Es el día en que no podemos celebrar la muerte de nuestros pueblos, el tiempo de la violencia en nuestras comunidades, la pobreza, el maltrato a nuestros niños, a las mujeres”, dijo la académica mapuche Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constituyente que debe redactar una nueva Constitución para Chile. “Es un día de resistencia a nivel de todo el continente”, añadió.
El estado de excepción se mantendrá en principio durante 15 días en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y Malleco y Cautín, en la Araucanía; sin embargo, puede durar hasta 30 días.
Los mapuches, la etnia más numerosa de Chile, con más de 1,7 millones de habitantes, exigen la restitución de las tierras ancestrales, que están en manos de empresas forestales y terratenientes.
Durante la última década, la falta de diálogo y soluciones por parte de las autoridades ha provocado una escalada de violencia, con ataques incendiarios a propiedades privadas y camiones. También se ha denunciado la presencia de grupos de narcotraficantes y organizaciones de autodefensa, así como operaciones policiales supuestamente montadas para inculpar a los indígenas.
El domingo pasado, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes durante una marcha en Santiago a favor del pueblo mapuche causaron la muerte de la estudiante de derecho Denisse Cortés, de 43 años, identificada inicialmente por las autoridades como abogada.
La mayoría de los mapuches viven en la pobreza y han visto sus tierras ancestrales reducidas por la expansión de la próspera industria maderera, responsable del 8% de las exportaciones.
Las regiones de Biobío y La Araucanía, situadas a unos 600 km al sur de Santiago, son una zona fértil de más de 55.000 km2 con cultivos agrícolas, extensos bosques y volcanes nevados, donde viven 2,7 millones de personas.
En el marco del estado de emergencia, las Fuerzas Armadas prestan apoyo logístico y también contribuyen con patrullaje y transporte a los procedimientos policiales. Piñera aseguró que esta medida “en ningún caso va dirigida contra un pueblo o grupo de ciudadanos”.
El presidente puede prorrogar el estado de excepción por otros 15 días, pero para extenderlo por más de un mes requiere la aprobación del Congreso.
Para la analista política Lucía Dammert la militarización puede provocar una “escalada” en el conflicto mapuche.
“El gobierno ha sido incapaz de generar una política efectiva y justa para resolver los problemas en la Araucanía y este estado de excepción es visto como una respuesta de militarización que podría ser parte de una escalada de violencia”, expresó a la AFP la académica de la Universidad de Santiago.
Por su parte, el gobernador de la Araucanía, el oficialista Luciano Rivas, apoyó la militarización, afirmando que en su región hay “una crisis de seguridad muy profunda”.
“Estamos viviendo hoy una situación muy compleja donde las policías están desbordadas por grupos con armas de grueso calibre”, dijo Rivas a CNN Chile.
Las demandas mapuches comenzaron a ser escuchadas tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, pero han cobrado fuerza tras el estallido social de octubre de 2019.
En la Convención Constituyente -instalada hace 100 días- 17 de sus 155 miembros son representantes de 10 pueblos originarios, siete de ellos mapuches.
Sin embargo, algunos líderes indígenas dudan que la nueva Carta Magna pueda satisfacer sus demandas de tierras y autodeterminación.
En el siglo XVI, los mapuches resistieron la expansión de los incas y luego de los conquistadores españoles, que nunca los sometieron. Pero hacia 1870, las comunidades indígenas de la Araucanía fueron sometidas por el ejército chileno, que inició el proceso de asentamiento de colonos extranjeros y el cambio de propiedad de las tierras ancestrales.
