<p>”¿Tiene usted información sobre individuos en El Salvador, Guatemala y Honduras que han utilizado el sistema financiero de Estados Unidos para mover o lavar ganancias criminales? Si es así, por favor, póngase en contacto con nosotros”, dijo la Fiscalía de Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden anunció la creación de una línea telefónica para reportar denuncias de corrupción en estos tres países, que considera clave para abordar las causas de la migración irregular desde Centroamérica hacia Estados Unidos.
“La corrupción y la impunidad en la región debilitan la democracia, alimentan la migración y suponen una amenaza para la seguridad nacional”, dijo Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, al presentar la iniciativa.
Los posibles actos de corrupción o los movimientos de capitales mal habidos pueden denunciarse al FBI en la dirección de correo electrónico “[email protected]”, tanto en inglés como en español, explicó.
La información será luego examinada por el Grupo de Trabajo Anticorrupción del Triángulo Norte, puesto en marcha en junio por la Fiscalía como parte del trabajo encomendado por Biden a la vicepresidenta Kamala Harris para hacer frente a la creciente afluencia de inmigrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos.
Este grupo debe determinar si existe un vínculo jurisdiccional con Estados Unidos para investigar, procesar y eventualmente incautar y devolver los bienes robados a salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, según un comunicado.
Agentes especiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apoyan estos esfuerzos, que buscan procesar a los extranjeros responsables de actos de corrupción en los tribunales estadounidenses.
Las llegadas de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron durante la fase inicial de la pandemia de Covid-19 en la primera parte de 2020, pero comenzaron a repuntar hacia el final del año.
Más de 1,3 millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de EE.UU. desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero, un nivel no visto en 20 años. De ellos, unos 596.000 procedían de El Salvador, Guatemala y Honduras.
