Durante 2020, el primer año de la pandemia de Covid-19, los gobiernos estatales recortaron su gasto en salud, educación y seguridad y justicia en 19 mil 527 millones de pesos respecto a lo que gastaron en 2019, revela un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentado hoy.
La disminución del gasto “debe preocuparnos porque hubo un descuido durante la pandemia” en estos temas, consideró Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del organismo civil, quien además propuso reforzar los contrapesos a los gobernadores.
Al adelantar a El Sol de México los resultados del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021, Guadarrama indicó que el año pasado, en medio de la emergencia sanitaria, los gobiernos estatales aplicaron en el sector salud un recorte de más de tres mil 655 millones de pesos en términos reales en comparación con lo ejercido durante 2019, es decir, dos por ciento menos.
A lo largo de 2020 las entidades recibieron para este sector 26 mil 25 millones de pesos más de lo que sus congresos locales aprobaron antes de la llegada de la pandemia, sin embargo, el incremento no fue suficiente para al menos igualar el gasto que los gobiernos estatales realizaron un año antes. Más grave aún es que las administraciones estatales dirigieron ese gasto adicional al pago de sueldos, aguinaldos, celulares, viáticos, comunicación y publicidad, dijo Guadarrama.
“En estos temas prioritarios para la ciudadanía -salud, educación, seguridad y justicia-, el presupuesto es inmune, no se movió como debería haberse reasignado para enfrentar la pandemia. No refleja la gran necesidad de salud y educación. Por qué se gastó menos si se requerían mayores recursos para salud o para readecuar las escuelas, para reformarlas, para responder a las nuevas necesidades”, cuestionó el especialista.
De acuerdo con el informe, 13 entidades redujeron su presupuesto entre 2019 y 2020; dos entidades ejercieron un monto similar y dos más sólo lo incrementaron en uno por ciento. En otros siete estados el incremento fue menor al nueve por ciento.
Baja California, Chiapas y Quintana Roo fueron los estados que más redujeron su presupuesto de salud, en 18, 11 y nueve por ciento, respectivamente.
En cambio, Yucatán, Coahuila y Tlaxcala aumentaron su inversión en este rubro en 39, 34 y 26 por ciento.
Sólo en el caso de Coahuila, el IMCO identificó que, “en medio de la pandemia, incrementó su gasto en ceremonias oficiales en 68 por ciento respecto a lo aprobado inicialmente”.
En el caso de la educación, el recorte en los estados también fue de dos por ciento, lo que significó ocho mil 809 millones de pesos menos.
Mientras que en seguridad pública y justicia la reducción fue de seis por ciento, es decir, siete mil 63 millones de pesos menos, revela el informe.
El documento agrega que entre 2019 y 2020 el Estado de México estuvo entre las entidades que recortaron su gasto en los tres rubros: educación (siete por ciento), salud (tres por ciento) y seguridad pública y justicia (cuatro por ciento).
En cambio, Tamaulipas aumentó su gasto en salud en 47 por ciento, seguridad pública y justicia en 16 por ciento y educación en cinco por ciento.
Michoacán tuvo un aumento del 19 por ciento en su presupuesto de educación, un aumento del 14 por ciento en salud y un aumento del cuatro por ciento en seguridad y justicia. Sin embargo, también hubo un aumento del 61 por ciento en el gasto en comunicación social y publicidad.
En Baja California, el gobierno morenista de Jaime Bonilla destinó 144 millones de pesos para cumplir con las tareas de seguridad pública, pero este gasto representó menos que el destinado a los servicios de electricidad, agua y telefonía para las oficinas del gobierno estatal (299 millones).
En Colima, el gasto en sueldos y salarios de los funcionarios públicos del estado (1,829 millones de pesos) representa el doble de lo que se destina a la administración de justicia (907 millones de pesos).
En Guerrero, el pago de sueldos y salarios de funcionarios públicos (siete mil 112 millones de pesos) triplica el gasto en justicia (dos mil 517 millones).
Y el gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, gastó tres mil 472 millones de pesos en remuneraciones especiales a sus funcionarios, poco menos del doble de lo que gastó en seguridad pública (dos mil 313 millones).
Finalmente, Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro, gastó 82 por ciento más de lo aprobado para sueldos y salarios. Otros incrementos se dieron en rubros como servicios básicos (36 por ciento), mientras que el gasto en seguridad pública y justicia se redujo en 11 por ciento, según el estudio.
