Tras un extenso debate, la Cámara de Diputados chilena aprobó un juicio político contra el presidente, Sebastián Piñera, por su implicación en la polémica venta de la minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes, revelada en los Papeles de Pandora.
Los diputados reunieron los 78 votos que necesitaban para que la acusación que busca destituir al presidente avance en el Senado. Tres diputados se abstuvieron de votar y 67 rechazaron el juicio.
Tras la decisión, el presidente no podrá salir del país, aunque seguirá ejerciendo sus funciones hasta que el juicio político llegue al Senado, que actuará como jurado para sellar el futuro de Piñera, el primer presidente que afronta un juicio político en los 31 años de democracia chilena.
En el Senado se necesitan 29 votos para que el juicio político avance. Sin embargo, según varios analistas políticos, no tendría el apoyo necesario para que el presidente sea destituido porque la oposición cuenta con 24 escaños.
“Estamos viviendo un momento histórico y ha sido posible con la unidad de la oposición”, dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, quien realizó una intervención de 15 horas para leer 1.300 páginas de argumentos a favor del juicio político.
La táctica dilatoria buscaba dar tiempo a otro diputado, Giorgio Jackson, que estuvo en cuarentena hasta la medianoche por haber sido un contacto cercano del candidato presidencial de la izquierda, Gabriel Boric, que dio positivo en el test de Covid-19.
“Lo que hemos visto ha sido un espectáculo”, dijo Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia. “Sentimos mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país”.
El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa expuesta durante cinco horas ante el pleno y enfatizó: “Les ruego, honorables diputados, que rechacen esta injusta e improcedente acusación constitucional”.
“Esta acusación puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes gobiernos”, advirtió el abogado del presidente.
La acusación constitucional, como se conoce en Chile a este recurso que busca la destitución del presidente Piñera -que se encuentra en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018-, fue presentada la primera semana de octubre por el arco opositor socialista y de izquierda.
El debate comenzó a las 10:25 de la mañana del lunes por parte del diputado socialista Naranjo, quien en su larga exposición pidió que en Chile se acabe con “la impunidad” de los gobernantes. Esta fue una de las frases más escuchadas y su contenido tiene un enorme eco en este país tras la crisis social que estalló en 2019.
Al destacar que en el caso de la minera Dominga se dio una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: “Actuando como Presidente se benefició (él) y su familia de manera directa, con información que tenía en el ejercicio de su cargo.”
“Y siguió negociando y subió el precio de Dominga“, dijo sobre la operación realizada en 2010, cuando el Presidente asumía su primer gobierno.
La investigación de los medios locales CIPER y LaBot, incluida en los Papeles de Pandora, reveló que los hijos del Presidente vendieron Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Délano -amigo cercano de Piñera- en 152 millones de dólares.
La transacción, que se realizó en su mayoría en Islas Vírgenes, se realizó durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).
La transacción debía realizarse en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que condicionaba el último pago a “que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban los grupos ecologistas.”
Gálvez negó que Piñera “haya intervenido en la decisión de vender el proyecto” y también descartó que haya favorecido a Dominga al no realizar ninguna acción de protección ambiental.
Piñera, un acaudalado empresario de 71 años, que fue el primer presidente de derecha (2010-2014) después de 20 años de gobiernos de izquierda tras el retorno a la democracia, enfrenta la acusación con un 79% de rechazo a su gestión según las últimas encuestas.
