Representantes de Costa Rica y Dinamarca presentaron este jueves en la COP26 una iniciativa para acabar con la producción de petróleo y gas, que se suma a la lista de propuestas atascadas en la Cumbre del Cambio Climático.
Beyond Oil and Gas (BOGA) es el nombre con el que nace la iniciativa, que hasta ahora han firmado 12 entidades, entre ellas Francia, Suecia y Portugal, además de territorios subnacionales como California.
Tras adherirse a la iniciativa, todos los miembros se comprometen a dejar de explorar y producir gas y petróleo, cuyo consumo supone la mayor parte de las emisiones de CO2, el gas de efecto invernadero con mayor presencia en la atmósfera.
“Tenemos que iniciar esta conversación, tenemos que ver medidas concretas. Estamos escuchando al mundo más allá de estas paredes”, dijo la ministra costarricense de Ambiente y Energía, Andrea Meza.
“Las promesas suenan vacías cuando la industria de la energía fósil sigue recibiendo miles de millones en subsidios (…) o cuando los países siguen construyendo centrales eléctricas de carbón”, añadió más tarde en un acto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Los cerca de 200 países presentes en la COP26 están inmersos en las negociaciones para elaborar este viernes un documento que eleve la ambición y los compromisos para mantener el calentamiento global idealmente en +1,5ºC, y que pasa inevitablemente por reducir radicalmente las emisiones.
El petróleo y el gas representan el 90% de las emisiones de CO2. La COP26 de Glasgow tiene la misión de desarrollar el histórico Acuerdo de París de hace seis años.
El borrador está sujeto a disputas, por ejemplo con una mención específica a los combustibles fósiles que no gusta a los países productores.
“Hay muchas reservas de petróleo y gas y tenemos que decidir qué vamos a hacer con ellas. Hay que tomar decisiones políticas complejas”, explicó el ministro costarricense a la AFP en un receso de las negociaciones.
Tras presentar la alianza BOGA, la ministra volvió a su tarea de coordinar las negociaciones y dar coherencia al complejo documento final de la COP26.
La conferencia debe concluir el viernes con un documento que incluya también reglas sobre el seguimiento mutuo, la transparencia, la armonización de las fechas y la forma en que los países presentan sus objetivos climáticos, e incluso cómo se compensan mutuamente las pérdidas que sufren, y quién paga por todo ello.
La financiación está resultando un serio escollo, como atestigua el borrador entre corchetes. La presidencia de la COP dividió, como es habitual, la negociación por sectores, y encargó a Meza que diera coherencia al texto final.
“Hay una serie de economías emergentes que ya no pueden ser tratadas como países en vías de desarrollo y son conversaciones no resueltas, mucha geopolítica. Eso es lo que hace, creo, que el tema de la financiación sea tan complejo y es, sin duda, uno de esos temas que cierran o dificultan muchas de las salas” en las que se está negociando, explicó Meza a AFP.
“Especialmente la financiación para la adaptación, que es muy importante para la mayoría de los países”, explicó.
Ante el calentamiento, que modifica irreversiblemente el clima del planeta, los responsables políticos tienen básicamente dos políticas sobre la mesa, la mitigación (reducción de emisiones) o la adaptación (como la construcción de presas).
El mundo desarrollado se ha fijado oficialmente una suma de 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a afrontar la ingente tarea de reducir sus emisiones de gases y adaptarse a los cambios que se avecinan.
Esa cifra es una referencia, insisten los países pobres. Y además, el Acuerdo de París ya preveía que debía ser renegociado para después de 2025.
“Para alcanzar el objetivo de 1,5 ºC… sabemos que ya hemos gastado el 50% del presupuesto de carbono”, es decir, de las emisiones, criticó Diego Pacheco, jefe negociador boliviano y actual portavoz del llamado Grupo de Países Afines (GPAC), en una rueda de prensa.
“No somos responsables del desfase” entre las promesas de reducción de emisiones y la realidad, añadió el boliviano, que representa a decenas de miembros.
Esporádicamente aparecen sobre la mesa cifras astronómicas, la más reciente del orden de 1,3 billones de dólares anuales, que se gastarían a partes iguales entre adaptación y mitigación, según una propuesta de países latinoamericanos, africanos y asiáticos.
La gran mayoría de los países en desarrollo se quejan de que se presta poca atención a la adaptación.
Otro capítulo polémico y muy complejo es el de los mercados de carbono, es decir, la posibilidad de que los países comercien con cuotas de emisiones a la atmósfera, o las compensen con otro tipo de medidas, como la plantación de árboles.
“Ha sido muy complejo, pero creo que hay propuestas sobre la mesa que nos hacen creer que podremos llegar a un buen resultado. Creo que todas las partes
