La Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero está rezagada en el trámite de órdenes de aprehensión.
Desde que su actual titular llegó a la institución -el 19 de enero de 2019- se han iniciado 229 mil 152 carpetas de investigación por diversos delitos federales, pero sólo 7 mil 587 han derivado en órdenes de aprehensión contra presuntos delincuentes, es decir, el 3.3 por ciento.
Una orden de aprehensión es la solicitud que hace el Ministerio Público a un Juez de Control para la detención de una persona cuando existen elementos suficientes para determinar su probable responsabilidad en un delito, cuando se niega a comparecer ante la autoridad judicial o cuando se ha evadido de la justicia.
De acuerdo con datos proporcionados por la dependencia federal en respuesta a una solicitud de información, en 2019 inició 98 mil 285 carpetas de investigación y logró que el Poder Judicial emitiera 3 mil 644 órdenes de aprehensión.
En 2020, segundo año de gestión de Gertz Manero al frente de la Procuraduría, el organismo autónomo inició 78 mil 463 carpetas de investigación, pero sólo 2 mil 54 derivaron en órdenes de aprehensión.
Para 2021, con cifras preliminares al 30 de agosto, la Procuraduría reportó un total de 52 mil 404 carpetas de investigación iniciadas y mil 889 órdenes de aprehensión autorizadas, según el oficio FGR/UTAG/DG/004997/2021.
El Sol de México buscó la opinión de un funcionario de la Procuraduría General de la República para fijar una postura al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La gestión de Gertz Manero ha sido cuestionada por utilizar la agencia de investigación para asuntos personales o en decisiones polémicas como solicitar órdenes de aprehensión contra una treintena de destacados científicos acusándolos de delincuencia organizada cuando, por otro lado, el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, investigado por cohecho y asociación delictuosa, cenaba tranquilamente en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México.
El caso de Emilio Lozoya, a quien se le dictó prisión preventiva tras el escándalo, confirmó la crisis en la administración de justicia que atraviesa la FGR bajo el mandato de Alejandro Gertz y levantó focos de alerta sobre la “tortuosidad” con la que actúa.
El mandato del actual Fiscal General termina oficialmente en enero de 2028.
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, doctor en Derecho por la UNAM, señala que una forma de medir qué tan bueno es el trabajo del sistema de justicia es analizar el número total de delitos que se resuelven.
Explica que cuando una persona denuncia un delito, o cuando se inicia una investigación de oficio, “se abre lo que en el sistema anterior se llamaba ‘averiguación previa’, y en el nuevo sistema ‘carpeta de investigación'”. Agrega que, en promedio, 6.6 por ciento de las investigaciones en México se resuelven con acción penal, donde se emite y cumple una orden de aprehensión, mientras que 3.6 por ciento se resuelven sin acción penal.
Esto significa que “casi el 90 por ciento de las investigaciones en el país no se resuelven”.
El martes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió el caso de Laura Morán Servín y su hija, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, acusadas por Alejandro Gertz como responsables de la muerte de su hermano Federico Gertz, en septiembre de 2015.
El ahora fiscal denunció en ese momento a Laura Morán, pareja de Federico Gertz, así como a su hija de homicidio doloso, pero la denuncia no procedió en dos ocasiones. Luego se reactivó cuando Gertz Manero llegó a la FGR.
Alejandra Cuevas, de 68 años, fue aprehendida en octubre y se encuentra bajo prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, mientras que su madre, de 93 años, es considerada prófuga, hecho que ha generado críticas al fiscal por utilizar la justicia para asuntos personales.
El miércoles, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, indicó que el máximo tribunal atrajo el caso para cuidar la imagen de la Procuraduría.
“Este caso ha generado un interés mediático muy importante, y por sus particularidades, sobre las que no es necesario que entre, porque ustedes las conocen, ya ha estado afectando la imagen de la FGR y del fiscal general en su carácter institucional”, dijo Zaldívar.
“Dado que este asunto estaba siendo utilizado para desgastar a la institución, me pareció, y mis colegas estuvieron de acuerdo, que era importante que lo resolviera la Corte, una instancia fuera de toda duda de presiones, sesgos o juegos de cualquier tipo, y que se resolviera lo que se tiene que resolver”, agregó.
