El Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la revocación de mandato con los mecanismos de seguridad y los estándares de calidad que exige la ley, a pesar de que su presupuesto ha sido recortado en cuatro mil 913 millones de pesos, aseguró la comisionada electoral Claudia Zavala.
“A pesar del recorte, las normas deben ser las mismas. El INE no puede rebajar los requisitos de calidad del proceso, es un mandato constitucional”, dijo.
En entrevista con El Sol de México, señaló que el instituto debe revisar a detalle los recortes y reestructurar sus recursos.
“Todavía no hay salida, tenemos que esperar la publicación en el Diario Oficial de la Federación y luego analizar nuestras opciones”, explicó Zavala.
Añadió que el recorte realizado por la Cámara de Diputados es muy significativo para el órgano colegiado y tiene implicaciones en la reprogramación. “Esto nos plantea una decisión compleja, pero tenemos la obligación de no reducir la calidad de los próximos ejercicios”, dijo.
En este tenor, dijo que si hay una disputa entre los legisladores y el Instituto Nacional Electoral, la controversia será el mecanismo, por lo que destacó que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Utilizaremos la controversia y agotaremos esa vía porque el Tribunal Supremo será competente. Es una decisión muy importante y quiero subrayar que la retirada es un compromiso para nosotros”.
El 14 de noviembre, la Cámara Baja aprobó el recorte presupuestario de 4.913 millones de pesetas solicitado por el INE.
Los legisladores decidieron que el instituto contara con 19,736 millones de pesos para sus gastos, en lugar de los 24,649 millones que había solicitado.
En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el experto electoral Luis Miguel Carriedo destacó que el recorte presupuestal beneficia directamente al instituto y no a una actividad específica.
“Creo que es un error suponer que el recorte fue sólo para el referéndum. No se trata de un recorte que sólo afecte a la retirada. El INE ha pedido un presupuesto cautelar”, dijo.
Dijo que hay dos posibles salidas: acudir al Tribunal Supremo para explicar sus cálculos o sacrificar algunos proyectos.
