En los años 90, el general Ricardo Martínez Perea era una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico, tenía un récord de 80 toneladas de marihuana decomisadas, varios kilos de cocaína, armas, vehículos, joyas y dinero, para él todo era felicidad.
En el año 2000, con la llegada de Vicente Fox Quezada a la presidencia, todo cambió. Fue detenido acusado de brindar protección al Cártel del Golfo. Una carta anónima fue suficiente para que la justicia militar intimidara a su familia y a sus compañeros. Un consejo de guerra lo condenó a 15 años de prisión, lo despojó de su rango y le retiró sus beneficios militares.
El que fuera un general ejemplar, hoy trabaja como obrero en una empresa de seguridad privada donde gana 1.700 pesos a la semana y el estigma de haber sido acusado de un delito que dice no haber cometido.
En una entrevista con El Sol de México, el general Perea explica la pesadilla que comenzó con una carta anónima en la que se le acusaba de dar protección a los narcotraficantes. “Fui condenado a 15 años de prisión, pagué mi culpa por delitos contra la salud en la modalidad de fomento al narcotráfico”.
De nada sirvieron las 29 felicitaciones de secretarios de Estado y comandantes de zona por su labor. “Cuando Vicente Fox y Clemente Vega García entraron a la Sedena, Joaquín El Chapo Guzmán se escapó del penal de Puente Grande, y Estados Unidos amenazó con negarles la certificación para la lucha contra el narcotráfico. Tenían que hacer algo y yo fui el chivo expiatorio”, dice.
“En 2001 yo estaba en el 21 Regimiento de Caballería Motorizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando me detuvieron, el Presidente vio que la certificación del narcotráfico se estaba cayendo, y junto con el general Rafael Macedo de la Concha, que luego sería nombrado Procurador General de la República, idearon la manera de hacer que Estados Unidos nos certificara”.
En su relato, el general recuerda que en una cumbre en Colombia, el presidente Fox anunció su detención, junto con la del capitán Pedro Maya Díaz y el teniente Javier Antonio Quevedo. “Los detuvimos por colaborar con el narcotráfico, serán procesados y condenados a 15 años de prisión, y así fue”.
Se le informó que el anónimo que lo vincula con Gilberto García Mena, El June, lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén del Cártel del Golfo.
En el proceso judicial, dijo en entrevista, pidió un careo con El June, quien ya había sido detenido, pero la Sedena le dijo que no había “seguridad” para la entrevista, por lo que nunca se encontró con quien lo acusó.
Con la acusación de un delito contra la salud, el general Martínez enfrentó un consejo de guerra, “donde la justicia militar intimidó a mi familia, mis argumentos no fueron válidos y fui condenado”.
El militar fue despojado de su rango, de su pensión, del uso del uniforme, de la atención médica y de sus beneficios, a pesar de que ya había aportado más de 30 años en el Ejército.
Mientras El June fue liberado por falta de pruebas, el general Martínez fue de prisión en prisión. “Estuve en La Palma en el Estado de México, en Nayarit, en el centro de rehabilitación psicológica en Morelos y finalmente en Islas Marías”.
Comenta que en este último penal convivió con presos que él mismo detuvo y con los que tuvo que lidiar y a veces pactar para preservar su vida. En abril de 2016 fue liberado al igual que el capitán Maya y el teniente Quevedo.
“Cuando llego a casa me doy cuenta de la pobreza en la que está mi familia, tenía una casa grande y ni para pagar la luz me alcanzaba así que tuve que buscar trabajo”. Con el estigma de los antecedentes penales, recuerda que trabajó en una fábrica donde le pagaban mil pesos a la semana, “no era suficiente, me fui a Monclova y ahí me pagaban dos 500 pesos a la semana”.
El poco sueldo que recibía se destinó a pagar al abogado que contrató para que la Sedena reconociera su inocencia, le devolviera el rango y las prestaciones.
“Primero me dijeron que no había causa firme, y luego por falta de testigos, porque pedí que comparecieran el ex presidente Vicente Fox, el ex procurador Rafael Macedo de la Concha y el ex secretario de la Defensa, Clemente Vega, pero la justicia militar me negó ese beneficio”.
Su compañero, el capitán Maya, logró, mediante un amparo, que la Sedena le reconociera sus años de antigüedad y le pagara los salarios caídos. Veinte años después de su detención y cinco de su salida de la cárcel, el general Martínez Perea vive en San Luis Potosí, donde trabaja como guardia de seguridad privada con un sueldo de mil 700 pesos semanales, en espera de poder recuperar sus derechos.
Recientemente envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando su intervención, petición que no ha sido respondida hasta el momento.
