México enfrenta un riesgo muy alto de corrupción en todas sus instituciones de defensa, reveló un estudio presentado por Transparencia Internacional (TI) en el que ubica al país como el peor calificado de América Latina, sólo después de Venezuela.
Según el Índice de Integridad de la Defensa Gubernamental 2020 (IDG) “la supervisión externa de las agencias de seguridad mexicanas es extremadamente débil y el escrutinio está limitado por los privilegios del secreto de defensa.”
“Esto se extiende a las adquisiciones y los presupuestos, que en general no son transparentes y sólo se publican parcialmente”, destaca el informe, que añade que, paralelamente, los marcos anticorrupción son débiles para el personal.
Para TI, la situación actual de la seguridad en México se traduce en un sector de la defensa desequilibrado que recibe considerables recursos y atención política, pero con poco desarrollo y mecanismos de gobernanza opacos que aumentan significativamente el riesgo de corrupción.
Según el organismo, el informe ofrece datos sobre el desempeño del gobierno en una variedad de temas de corrupción, incluyendo las operaciones militares y la venta de armas, según Transparencia Internacional.
El GDI evalúa la existencia, la eficacia y la aplicación de los controles institucionales en cinco áreas clave de riesgo de corrupción en la defensa (financiera, operativa, de personal, política y de adquisiciones).
Este informe evalúa a 86 países y los califica en una escala con un rango de puntuación que va desde la categoría A, un riesgo de corrupción muy bajo, hasta la categoría F, un riesgo de corrupción crítico.
El 62% de los países de todas las regiones del mundo obtuvieron una puntuación de 49/100 o inferior, lo que indica que se encuentran dentro del rango de riesgo alto a crítico de corrupción en el sector de la defensa. México se ubicó en general en la categoría E, riesgo muy alto, y dentro de las cinco divisiones, también mantuvo una calificación reprobatoria. En Política alcanzó la categoría D (riesgo alto); Financiera: D; Personal: D; Adquisiciones: categoría E (riesgo muy alto); y Operativo: categoría F (riesgo crítico).
El índice señala que el Ejército mexicano es una de las instituciones estatales menos transparentes y se beneficia de una posición privilegiada que lo exime de los requisitos de información, divulgación y transparencia.
Destaca que las fuerzas armadas están ganando cada vez más influencia bajo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les ha otorgado el control de los puertos, los cruces fronterizos y los principales proyectos de infraestructura.
“Este alineamiento cada vez más profundo entre el ejecutivo y los militares podría llevar a una mayor erosión de los poderes de supervisión del parlamento en materia de defensa y plantear importantes cuestiones en torno al alcance del control civil de las fuerzas armadas”, publicó TI.
En el área más afectada, la de Operaciones, la agencia destaca que la expansión de las actividades de las fuerzas armadas ha llevado a abusos generalizados de los derechos humanos, que se aceleraron con la militarización de la Seguridad Pública, además de la falta de un código de conducta. “La impunidad de la que goza el personal de Defensa ante los casos de corrupción indica una débil aplicación de las normas anticorrupción. “También menciona que dentro de las instituciones de Defensa, hay poca evidencia de que se fomente la práctica de no recopilar datos sobre las denuncias y los casos de denuncia.
Dos áreas de especial preocupación para TI son las implicaciones de estos resultados en las operaciones militares y la corrupción en la adquisición de armas.
Prácticamente todos los países obtienen una mala puntuación en los controles de la corrupción en las operaciones militares.
Presentan un riesgo entre alto y crítico de corrupción en sus operaciones militares 81 estados, lo que, para TI, plantea serios interrogantes para los países que se enfrentan a amenazas internas, donde la falta de salvaguardias anticorrupción significa que las tropas tienen muchas más probabilidades de contribuir al conflicto que de sofocarlo.
En cuanto a la corrupción en el comercio de armas, el GDI muestra que el 86 por ciento de las exportaciones mundiales de armas entre 2016 y 2020 proceden de países con un riesgo de corrupción entre moderado y muy alto en sus sectores de defensa, mientras que el 49 por ciento de las importaciones mundiales de armas van a parar a naciones con un riesgo de corrupción en defensa entre alto y crítico.
Estos países no permiten que los legisladores, los auditores o la sociedad civil examinen las transacciones de armas, ni proporcionan datos significativos sobre cómo eligen a qué empresas compran o si hay terceros implicados, lo que, para TI, deja la puerta abierta a los sobornos, al despilfarro de dinero público y a que las armas lleguen a manos de bandas o grupos criminales.
