CIUDAD JUÁREZ. La actual avalancha de indocumentados que se dirigen a Estados Unidos a través de México no sólo pone al descubierto un drama humanitario, sino también el tráfico de migrantes que mueve miles de millones de dólares y en el que las personas son tratadas como mercancía.
Cientos de miles de entradas ilegales se registran cada año a través de los 3.200 km de frontera, según Naciones Unidas, que ha cifrado en 6.600 millones de dólares los beneficios anuales de estos traficantes de personas conocidos como “coyotes” o “polleros”.
Como otras formas de delincuencia organizada, ésta suele estar controlada por los narcotraficantes, aunque el primer eslabón puede ser un vecino de los migrantes, en su mayoría centroamericanos.
Acosado por la pobreza, el hondureño Juan Macías (nombre cambiado) pagó en marzo a una de estas redes 7.000 dólares, que cobró con préstamos familiares.
“Trabajan a través de organizaciones, les llaman guías; luego en la frontera están los cárteles”, dijo a la AFP este hombre de 35 años en un albergue de la mexicana Ciudad Juárez, donde llegó expulsado de Estados Unidos.
Ahora, endeudado, espera algún beneficio migratorio del presidente estadounidense Joe Biden, o intentar cruzar por sus propios medios.
Macías dice que trató con ocho “polleros” durante el viaje en el que participaron unos treinta migrantes.
“Uno se identificó con el código al llegar al lugar: ‘Soy fulano y este es el código’ (…) No dicen nada, sólo ‘síganme'”, dice.
El tráfico no se detuvo ni siquiera con la política de “tolerancia cero” del ex presidente Donald Trump, y ha experimentado un repunte desde la llegada de Biden, que ofreció regularizar a 11 millones de indocumentados y frenar la separación de familias.
Los traficantes “encontraron una coyuntura en el discurso de Biden para empezar a jalar más gente”, dice Óscar Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte, en México.
Pero el presidente acaba de retrasar su plan de aumentar la cuota de refugiados admitidos y mantiene por ahora el límite históricamente bajo de Trump, de 15.000 (3.000 para Latinoamérica), lo que ha desatado las críticas de los demócratas.
Las detenciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se dispararon un 71% en marzo, hasta 172.300, mientras que el número de menores no acompañados se duplicó hasta casi 19.000.
Estas personas llegaron tras largos y peligrosos viajes a pie, en cajas de camiones o en tren.
En un principio, el tráfico estaba controlado por mexicanos vinculados a un programa que les permitía trabajar en Estados Unidos entre 1942 y 1964.
Con el paso de los años fueron sustituidos por empresas criminales capaces de corromper a las autoridades y de emplear desde “enganchadores”, los que ayudan a cruzar la frontera entre México y Guatemala, hasta los que llevan una escalera por encima de la valla hacia Estados Unidos.
En 2020, México estaba investigando unas 20 redes. Aunque la mayoría son centroamericanos, también hay migrantes cubanos, africanos, chinos e indios, según la ONU.
Y aunque se ha reforzado la seguridad, los traficantes utilizan al parecer rutas distintas a las tradicionales.
En el tortuoso viaje los migrantes “se convierten en mercancía”, según la ONU, hasta el punto de ser marcados con pulseras con sus nombres e inscripciones como “entregas” o “llegadas”.
A una mujer hondureña de 24 años y a su hija de un año se les colocaron brazaletes morados, que tuvieron que tirar antes de entregarse a la patrulla fronteriza estadounidense.
Un brazalete púrpura y blanco identifica a los que están en un “viaje especial”, aunque durante su intento de cruzar a Estados Unidos, todos ellos, independientemente de su brazalete, permanecieron escondidos en un almacén de Reynosa, dice la mujer, expulsada el 12 de abril con otras 156 madres y sus hijos.
“Te los ponen antes de llegar al río, y después de pasar, te lo tienes que quitar”, añade -reservándose su nombre- en un albergue de Ciudad Juárez.
Los narcos irrumpieron en el tráfico de migrantes en 2009, en medio de la ofensiva militar antidroga desplegada por el presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), que ha dejado unos 300.000 muertos desde entonces.
“Es un negocio y, como tal, funciona por oferta y demanda (…) Si el Estado presiona en la lucha antidroga, los narcotraficantes buscarán diversificarse”, explica Javier Urbano, de la Universidad Iberoamericana.
Además, este delito conlleva menos riesgos. En 2020, cinco hombres fueron condenados a seis años de prisión en México por transportar 785 migrantes en camiones.
Algunos narcotraficantes también se dedicaban a robar, extorsionar u obligar a los migrantes a trabajar para ellos. “Por eso conocemos casos extremos de asesinatos”, añade Urbano.
En 2010, 72 migrantes fueron masacrados en San Fernando (Tamaulipas, este) por negarse supuestamente a servir a Los Zetas, mientras que 16 guatemaltecos y tres mexicanos fueron asesinados en enero pasado.
