BOGOTÁ. Cinco años después de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, los exguerrilleros viven aterrorizados en las mismas montañas donde combatieron debido a la ola de asesinatos selectivos: 293 excombatientes han sido asesinados desde el desarme supervisado por la ONU.
En sus casas prefabricadas, confiesan sentirse cazados como “conejos”.
A principios de 2017, unos 300 guerrilleros de las FARC se reunieron en una pequeña finca rural del municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, para entregar sus armas. En la zona abundan los cultivos ilegales de marihuana.
En ese momento todo era una fiesta, pero luego la mayoría huyó. La ola de asesinatos selectivos y la falta de tierras para proyectos agrícolas – “incumplimiento de lo acordado”, alegan- rompieron la vida colectiva.
Sólo quedan 35 hombres y mujeres que no tenían dónde ir. A veces, dicen, escuchan disparos de los grupos que llegaron antes que el Estado para llenar el vacío que dejaron las FARC.
Paradójicamente, la paz ha sido letal: cuando se enfrentaron a la ofensiva militar, entre 2006 y 2009, el ejército mató a unos 640 guerrilleros al año. Una vez desarmados, murieron 59 al año, según el centro independiente de investigación de conflictos CERAC.
En este contexto, el gobierno de Estados Unidos decidió retirar a las FARC de su lista de organizaciones terroristas.
“El proceso y la firma del acuerdo de paz hace cinco años fue un punto de inflexión fundamental en el largo conflicto… puso fin a cinco décadas de conflicto y ha puesto a Colombia en el camino de una paz justa y duradera”, recordó el portavoz diplomático estadounidense Ned Price.