La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este viernes sobre un supuesto espionaje a 24 periodistas de diferentes medios de comunicación de El Salvador, cuyos teléfonos celulares se sospecha que fueron hackeados con el software Pegasus.
Según recuerda el organismo hemisférico, periodistas de La Prensa Gráfica, Diario de Hoy, El Mundo, El Faro, Revista Gato Encerrado y Disruptiva, así como directivos de organizaciones no gubernamentales y políticos de oposición, recibieron el martes una advertencia de seguridad de Apple.
El aviso de la firma tecnológica les advirtió sobre la posibilidad de que “un atacante patrocinado por el Estado” pueda estar accediendo de forma remota a “sus datos confidenciales, comunicaciones o incluso cámara y micrófono”, dijo la SIP en un comunicado.
“El gobierno (de El Salvador), de inmediato, debe investigar si alguna de sus dependencias está auspiciando actividades de espionaje ilegal contra sus ciudadanos y críticos, lo cual está debidamente sancionado por la ley salvadoreña”, dijeron conjuntamente el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet.
Agregaron que, de confirmarse el uso del software Pegasus para espiar a los periodistas, esto constituiría “una grave violación a la libertad de expresión y de prensa, al derecho a la intimidad y a la protección de las fuentes periodísticas”.
En su reciente asamblea general, celebrada virtualmente en octubre, la SIP abordó el uso del software Pegasus por parte de algunos gobiernos y recordó el caso concreto de México, donde varios periodistas descubrieron que sus teléfonos estaban intervenidos con esta herramienta.
La organización aludió hoy al artículo 7 de la Declaración de Salta sobre la libertad de expresión en el ecosistema digital, que establece que “la vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso”.
“Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en los casos en que se persiga un fin legítimo de acuerdo con lo establecido en los convenios de derechos humanos”, señala el artículo.
