Tras conocerse que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela exigió al diario El Nacional el pago de una millonaria indemnización a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno, por supuesto “daño moral”, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la sentencia como una “grave violación a la libertad de prensa”.
En su fallo del 16 de abril, el máximo tribunal venezolano ordenó a El Nacional indemnizar a Cabello con unos 13,2 millones de dólares. Cabello demandó al diario en 2015, después de que el medio replicara un reportaje del diario español ABC en el que su ex jefe de escoltas lo acusaba de estar vinculado a negocios de narcotráfico. Cabello denunció por la misma causa al diario Tal Cual (hoy sólo en Internet) y al sitio web La Patilla. El Nacional pidió al tribunal una aclaración sobre el monto a indemnizar según la sentencia.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que “no es de extrañar este nuevo golpe contra la libertad de prensa, en un país donde no hay independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político y el gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que queda”.
“Este fallo no tiene que ver con la expropiación de un medio de comunicación, sino directamente con un expolio, el uso de la fuerza político-judicial para usurpar un medio de comunicación”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Advirtió que la falta de independencia judicial “lleva a este tipo de abusos, a sentencias amañadas por intereses políticos”.
Canahuati, director general del Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina, coincidieron en que la multimillonaria sentencia contra El Nacional es “una aberración judicial y un acto de venganza”. Recordaron un caso similar en Ecuador, cuando en julio de 2011 el diario El Universo fue condenado al pago de 40 millones de dólares y tres años de prisión contra sus directivos y un columnista, tras una demanda por difamación presentada por el entonces presidente Rafael Correa.
“La honra presidencial y de altos funcionarios no vale esas cifras”, dijo Canahuati, aludiendo que es contrario a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala: “
Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que criminalizan el discurso ofensivo dirigido a funcionarios públicos, generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Funcionarios de la SIP informaron que el caso de Venezuela será uno de los principales temas de discusión durante la reunión virtual de la SIP que se realizará entre mañana martes 20 y el viernes 23.
