El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que hubo violencia política de género en las elecciones generales de 2021.
Al presentar el informe con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el instituto señaló que la participación de las mujeres en las pasadas elecciones no estuvo exenta de violencia política, descalificaciones, amenazas y restricciones en el acceso al espacio aéreo y a los recursos para sus campañas.
“Este informe pone de manifiesto que las mujeres que participan en la política, y especialmente en las campañas electorales, se enfrentan al menos a dos obstáculos: el primero, para competir y ganar, y el segundo, los obstáculos que deben superar por su condición de mujeres”, señaló la consejera Claudia Zavala.
También señaló que la violencia de género contra las mujeres existe en nuestro país y que fue generalizada y tuvo un impacto en las últimas elecciones.
Por su parte, la consejera Dania Ravel afirmó que la violencia de género contra las mujeres es quizás “el mayor obstáculo para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos y electorales”.
Subrayó que no basta con tener una buena legislación, sino que ésta debe ir acompañada de esfuerzos de difusión, sensibilización y apoyo a las mujeres.
“Sólo así podrán reconocer y denunciar este tipo de comportamientos”, afirmó.
También se dio a conocer que las candidatas a diputadas federales presentaron el mayor número de denuncias por violencia política de género ante el INE. Entre las denuncias de este tipo de violencia se encontraban mujeres pertenecientes a una etnia indígena y mujeres pertenecientes al colectivo LGBTTI+.
Tras un análisis, el INE determinó que 109 quejas no eran competentes, por lo que se remitió la queja o denuncia a la autoridad que se consideró competente, por tratarse de aspectos de la vida interna de los partidos políticos, actos con referencia local o su impacto directamente en los procesos electorales locales, actos discriminatorios sin referencia político-electoral o hechos presuntamente constitutivos de violencia institucional.
En las elecciones de 2021, la autoridad electoral impuso por primera vez sanciones a los candidatos que habían cometido violencia de género. El instituto aprobó la retirada de las candidaturas de tres aspirantes a diputados federales por haber cometido violencia política de género, haber sido condenados judicialmente por ese delito y haber mentido en su declaración “3 de 3 contra la violencia”.
Se trata de los registros de los morenistas Manuel Guillermo Chapman y Ana Elizabeth Ayala Leyva, ambos de Sinaloa, y del petista Raúl Tadeo Nava, de Morelos.
También se trató el tema de la paridad de género, obligando a los partidos y coaliciones a permitir la presencia de mujeres en la mitad de las elecciones a gobernador, decisión apoyada por el Tribunal Electoral.
