Luego de que el sábado pasado entró en vigor el decreto que crea el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, abogados y organizaciones civiles asesorarán a los ciudadanos que no quieran entregar sus huellas dactilares, rostro e iris al gobierno.
Especialistas entrevistados por El Sol de México explican que hay dos formas de detener la medida legal aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso.
La primera es evitar que la reforma se aplique de manera individual y consiste en que cada usuario de telefonía celular interponga un juicio de amparo indirecto para evitar entregar sus datos personales y biométricos al momento de adquirir un dispositivo, o simplemente porque ya lo tiene. En este caso, lo primero que hay que hacer es buscar asesoría legal para redactar el juicio de amparo y luego presentarlo ante un juez de distrito en materia administrativa.
Asociaciones de abogados y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) dijeron estar dispuestos a orientar gratuitamente a los ciudadanos a través de plataformas y ventanillas en Internet para tramitar dicho amparo.
Recomendaron a los usuarios que ya tienen un celular no entregar sus datos.
En Internet ya circula un formulario o machote de amparo indirecto que el ciudadano sólo debe llenar con sus datos.
El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Roberto Julio Chávez Delgado, explicó que la finalidad de generar un amparo indirecto es solicitar la inconstitucionalidad de una ley que viola los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución, ya que son violaciones que afectan la seguridad jurídica de los ciudadanos, su derecho a la privacidad y a la libertad.
Recordó que existen instituciones que ofrecen defensa legal gratuita como el Instituto Federal de Defensoría Pública, así como asociaciones y bares que pondrán a disposición de los ciudadanos estos instrumentos legales.
Ayer, el despacho Trusan & Roma Abogados presentó las primeras demandas a nivel nacional contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que crea el polémico registro.
En Guanajuato, Joan Antonio Ochoa Sada, activista de Irapuato, también presentó un amparo y puso a disposición del público las redes sociales de su organización Fuerza Ciudadana, Uniendo Caminos para que los interesados se orienten a presentar un amparo.
Existe otro mecanismo legal para combatir la creación del registro de usuarios de teléfonos celulares. Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de R3D, indicó que los ciudadanos tienen que exigir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que presenten una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ser una medida violatoria de los derechos humanos.
“En el R3D nos estamos organizando para que la gente pueda enviar sus peticiones a estas instancias directamente”.
El Inai ya se pronunció sobre el tema, al advertir que el registro de datos biométricos podría poner en riesgo la protección de datos personales. Sin embargo, la CNDH, encabezada por Rosario Piedra, cercana al presidente López Obrador, ha guardado silencio.
(Con información de Oscar Reyes/El Sol de Irapuato)
