Entre 2019 y 2020, el número de denuncias ciudadanas contra presidentes municipales o alcaldes (en el caso de la Ciudad de México) por presuntas violaciones a los derechos humanos aumentó 196.5%. Estos funcionarios públicos se convirtieron así en los violadores de derechos humanos más denunciados a nivel local, desplazando a los fiscales y procuradores estatales al segundo lugar.
En 2020, los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) de los estados abrieron 32 mil 404 expedientes de queja contra presidentes municipales y alcaldes en todo el país. Un año antes, la cifra era de 10 mil 929, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos 2021 a nivel federal y estatal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los jefes municipales y los alcaldes son responsables de la distribución del agua potable, el alcantarillado, las aguas residuales, el alumbrado público y la recogida de basuras, entre otras cosas. En otras palabras, se encuentran entre las autoridades más cercanas a la población.
Un análisis de los datos del censo realizado por El Sol de México muestra que los presidentes de los municipios de Jalisco son, por mucho, los que más quejas tienen en su contra, con 25 mil 211 expedientes abiertos por violaciones a los derechos humanos. Les siguen los alcaldes de los municipios de Puebla con 3 mil 525 quejas y de Oaxaca con mil 61 expedientes abiertos.
Les siguen los alcaldes de la Ciudad de México, Chiapas y Michoacán con 514, 496 y 384 denuncias respectivamente en 2020.
La segunda institución local con más quejas sobre violaciones de los derechos humanos son las fuerzas de seguridad a nivel estatal. Según los datos de la encuesta, las fiscalías recibieron 19.459 denuncias en 2019 y 15.368 un año después.
Las instituciones encargadas de la seguridad pública y/o vial (policías estatales y municipales) ocupan el tercer lugar, con 9.223 expedientes de denuncia en 2019 y 7.890 en 2020.
La mayoría de las denuncias fueron recibidas por las fiscalías del Estado de México, Ciudad de México y Puebla, mientras que la mayoría de las denuncias fueron recibidas por la policía de la capital, el Estado de México, Baja California, Coahuila, Oaxaca y San Luis Potosí.
Entre las violaciones de derechos humanos atribuibles a las autoridades de seguridad pública y judiciales figuraban las detenciones arbitrarias, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura, las detenciones ilegales, el incumplimiento de las formalidades para la emisión de órdenes de registro o visitas domiciliarias, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, y la aquiescencia u omisión de medidas por parte de las autoridades para proteger contra la trata o la explotación sexual.
El censo del Inegi muestra que el grupo más vulnerable por la actuación de las autoridades estatales y locales son las personas privadas de libertad (reclusos y menores infractores), que aparecen como víctimas en 6.137 expedientes de denuncia.
El segundo grupo más afectado fue el de las mujeres, que fueron víctimas en 4.826 casos. Les siguieron los niños y adolescentes, con 1.877 quejas, y las personas mayores, con 1.367 quejas.
Otros grupos victimizados fueron los pueblos indígenas, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas con diversidad sexual, los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
En cuanto a las instituciones federales denunciadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el censo mostró que la mayoría de las quejas fueron recibidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Ambos institutos encabezaron la lista de dependencias federales con más quejas por violaciones a los derechos humanos tanto en 2019 como en 2020. Estas instituciones fueron fundamentales en la lucha contra la pandemia causada por el Covid-19 en 2020.
La dependencia encabezada por Zoé Robledo, director general del IMSS, recibió un total de 4 mil 639 quejas en 2020, mientras que el ISSSTE recibió mil 867 denuncias en el mismo año.
Le siguen el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Bienestar y el Sistema Penitenciario Federal, todos los cuales registraron un aumento de quejas en 2020 en comparación con el año anterior.
