Javier y César Duarte, ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua respectivamente, comparten algo más que sus apellidos. Ambos pertenecen al grupo que el ex presidente Enrique Peña Nieto llamó “el nuevo PRI” al inicio de su sexenio, pero hoy están tras las rejas en medio de sonados casos de corrupción.
Y si se cumplen algunas condiciones, podrían tener la suerte de salir de la cárcel en 2022. En el caso de Javier Duarte, basta con que logre desbaratar la acusación de desaparición forzada en su contra y, al ser condenado por lavado de dinero, obtener su libertad anticipada por buena conducta.
En cuanto a César Duarte, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto sobre la mesa la alternativa de otorgarle un criterio de oportunidad.
En pocas palabras, ambos ex presidentes están acusados de haber dirigido operaciones que condujeron al presunto desvío de fondos de sus gobiernos a empresas de fachada. En otras palabras, se esforzaron por hacer desaparecer el dinero de las arcas públicas.
Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz de diciembre de 2010 a octubre de 2016. En ese año, se reveló que se desviaron grandes sumas de dinero a través de varios organismos de su administración, que trabajaban de forma coordinada, a través de empresas que sólo existían sobre el papel.
Unas semanas antes de finalizar su mandato, pidió una excedencia y huyó del país tras conocer que existía una orden de detención contra él. El 15 de abril de 2017 fue detenido en Guatemala y posteriormente extraditado a México acusado de asociación delictiva y de operar con fondos de procedencia ilícita, más conocido como lavado de dinero.
Como resultado de estos cargos, sigue cumpliendo una condena de sólo nueve años de prisión, tras haber acordado con la Fiscalía General de la República (FGR) declararse culpable para evitar ser acusado de delitos más graves.
El ex presidente está a punto de salir en libertad, ya que ha cumplido más de la mitad de su condena y, por tanto, puede solicitar la “libertad anticipada” por buena conducta y cumplir así el resto de su condena fuera de la cárcel. Pero primero tiene que superar un último obstáculo.
A principios de este mes, la Procuraduría General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada. Desde mayo de 2018, un juez federal ordenó la detención del exgobernador por ese delito, pero debido a que el gobierno guatemalteco no había dado su consentimiento para su procesamiento, al haberlo extraditado por otros cargos, la comparecencia se retrasó.
En particular, las autoridades lo acusan de estar relacionado con el hallazgo de restos humanos en una barranca llamada La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.
Su abogado, Pablo Campuzano, aseguró que no se había ejecutado ninguna orden de detención contra el ex gobernador, ya que se había obtenido una suspensión provisional para evitar el delito. El caso de Amparo está a punto de resolverse definitivamente.
César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en Florida, Estados Unidos, en junio de 2020 por presunta malversación y peculado y se encuentra en proceso de extradición a México.
El gobierno de su sucesor, Javier Corral, lo acusó de planear y ordenar una serie de desfalcos por valor de 1.200 millones de pesos del erario estatal. La fiscalía de Chihuahua abrió 10 causas penales contra él y confiscó 10 propiedades.
También fue acusado de estar involucrado en la Operación Zafiro, en la que se desviaron fondos del erario estatal para la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto y el PRI en 2015. Otra acusación contra él es que utilizó fondos estatales para promover la creación de un banco en el que él mismo era socio.
Desde 2017 se iniciaron investigaciones en su contra y a la fecha se han girado 21 órdenes de aprehensión en su contra, una de ellas a nivel federal.
La última actualización de su caso es que un juez ha ordenado a la fiscalía de Chihuahua que le devuelva los 10 ranchos que le fueron incautados tras concluir que el embargo de estas propiedades viola el debido proceso. La actual gobernadora, Maru Campos, y la fiscalía aseguraron que las propiedades no se entregarían porque aún son objeto de un proceso penal.
Al igual que Javier, César Duarte aún tiene la posibilidad de ser liberado. Esto se debe a que puede actuar como testigo de estado para el gobierno,
