El Gobierno Federal ha otorgado 31 concesiones para explorar yacimientos de litio en cinco estados de la República, principalmente a mineras canadienses y británicas, pero también de Estados Unidos, Australia, España y dos empresas mexicanas.
El senador Alejandro Armenta, quien en noviembre de 2020 presentó una iniciativa para nacionalizar el mineral, señaló que aunque las empresas canadienses son mayoría al menos en los títulos de concesión, “han vendido concesiones a empresas chinas”.
“Si tienes un permiso, un contrato, ese contrato no se puede vender a otra empresa, tienes que hacerlo directamente con el contratante; pero como es una concesión pueden vender, vender y vender”, dijo el legislador morenista en entrevista con El Sol de México.
Armenta consideró urgente que en lugar de una concesión, las empresas tengan un contrato, pero donde todos ganen, empezando por los mexicanos, y no sólo las empresas extranjeras.
“Las 31 concesiones mineras reflejan (que) el litio no es de los mexicanos, lo cual es delicado para la soberanía del país, para la soberanía financiera y para la soberanía energética.”
El lunes pasado, este diario publicó un reportaje sobre el yacimiento de litio que Gangfeng Lithium, el mayor productor de baterías de China, se dispone a explotar, junto con la firma canadiense Bacanora Minerals, en el municipio de Bacadéhuachi, Sonora, mientras avanza en el Senado la iniciativa de Armenta Mier para nacionalizar el mineral.
La concesión de Bacadéhuachi está a nombre de Bacanora Minerals y no es la única. El gobierno ha entregado 30 más en los estados de Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Baja California y Coahuila.
“Estamos cruzando información con la Secretaría de Economía porque las concesiones son de exploración, no de explotación. Hay 250 millones de toneladas en una sola concesión, en Sonora“, señaló el legislador.
El costo de tramitar cada solicitud de concesión minera va desde 443 pesos (entre 1 y 30 hectáreas) hasta 137 mil 790 pesos (más de 50 mil hectáreas). Las empresas y personas físicas realizan un pago semestral que se calcula en proporción al número de hectáreas.
En 2018, el pago de impuestos de las empresas mineras representó apenas 0.5 por ciento de los ingresos de las finanzas públicas.
Armenta indicó que su iniciativa de reforma, que elevará a rango constitucional la rectoría del Estado sobre el mineral, ya cuenta con el respaldo de 56 senadores. Además, tiene previsto celebrar próximamente un parlamento abierto para reforzar la iniciativa.
“El proceso legislativo avanza en las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Segunda“, comentó.
Incluso señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya instruyó a la Secretaría de Economía para que aborde el tema del litio, “ya está en la agenda del gobierno”.
El senador explicó que tras la visita del presidente boliviano a México, se instaló una mesa técnica en la que participan la embajada de Bolivia, la Secretaría de Economía y el Senado de la República.
Los especialistas y técnicos bolivianos explicarán y compartirán la experiencia que ha representado para ese país el uso del litio.
Bolivia ya forma parte de una cadena de países como Canadá, China, Corea, Argentina y Chile, que generan productos derivados del litio para la fabricación de baterías para vehículos, la industria de la movilidad, la industria eléctrica y el 5G.
El también presidente de la Comisión de Hacienda del Senado destacó que México puede aprovechar el litio para el pago de la deuda externa a través de garantías financieras fiscales, por todo lo que representa el mineral, como lo hizo Rusia.
