La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes el asesinato en América Latina de ocho periodistas en el ejercicio de su profesión y la desaparición de otro, al tiempo que subrayó la responsabilidad de los gobiernos de “garantizar que estos crímenes no queden impunes”.
En la resolución emitida al término de la reunión semestral celebrada virtualmente, la SIP denunció que desde la Asamblea General de octubre de 2020 han sido asesinados ocho periodistas: cuatro en México y uno en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, mientras que en México continúa desaparecida una reportera.
También consideró la situación en Honduras, donde 29 periodistas han acudido a la Dirección General del Sistema de Protección por la violencia y las amenazas.
La resolución condenó los asesinatos de Jaime Castaño, Israel Vázquez, Jesús Alfonso Piñuelas y Arturo Alba Medina (México), Andrés Felipe Guevara (Colombia), Efraín Ruales (Ecuador), Mario Ortega (Guatemala) y Pedro Arcángel Canelas (Honduras), así como la desaparición de Pablo Romero Chávez en México.
En su informe contra la impunidad, la SIP insta a los gobiernos de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras a cumplir con su “responsabilidad de identificar a todos los responsables de los asesinatos y desapariciones”.
La organización condenó que en Colombia, por falta de avances en los procesos penales, prescribieron los asesinatos de periodistas perpetrados en el año 2000, específicamente el de Juan Camilo Restrepo Guerra, Gustavo Ruiz Castillo, Guillermo León Agudelo y Alfredo Abad López.
Asimismo, advierte de la posibilidad de que en los próximos meses prescriban también los asesinatos de una docena de periodistas colombianos.
También denuncia que en México el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas “ha sido incapaz de funcionar como una instancia de coordinación nacional efectiva”, de contar con recursos suficientes, lo que “pone en grave riesgo a los periodistas”.
La SIP, con sede en Miami (Estados Unidos), subraya que “el asesinato y la desaparición de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación constituye una forma extrema de censura”.
También pide a las autoridades brasileñas que lleven a cabo el juicio de los acusados del asesinato del periodista Valério Luiz, así como su compromiso de “no adoptar discursos públicos que expongan a los periodistas a la violencia” y “aumenten su vulnerabilidad”.
En esta resolución, la SIP instó a las autoridades estatales brasileñas a “reconocer la legitimidad y el valor del periodismo”, incluso en situaciones en las que la información “pueda ser crítica o inconveniente para los intereses del gobierno”.
También pidió al gobierno brasileño su “apoyo” para llevar a juicio a los acusados del asesinato de Luiz, un locutor de radio, ocurrido el 5 de julio de 2012 en la ciudad de Goiânia, estado de Goiás.
El juicio de los acusados, Urbano de Carvalho Malta, Marcus Vinícius Pereira Xavier, Adema Figueredo Aguiar Filho, Djalma Gomes da Silva y el ex presidente del Atlético Goianiense, Maurício Borges Carvalho, este último considerado el autor intelectual del crimen, había sido aplazado sin fecha debido a la pandemia.
Extiende el uso de recursos del gobierno brasileño a otros casos de asesinatos de periodistas que se están investigando y en los que los implicados “aún no han sido identificados y castigados”.
La SIP solicitó a Brasil medidas para que la sociedad civil “tenga garantizado su derecho a participar en la Comisión Permanente por el Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión“, vinculada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Recuerda en su resolución general que la “falta de justicia y la impunidad, fomenta otros actos de violencia, lleva a la autocensura como mecanismo de defensa”, situación que genera un “efecto inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión”.
