El éxodo de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos empieza a poner en aprietos a las autoridades mexicanas, según organizaciones pro migrantes y de derechos humanos, que denuncian que las detenciones han aumentado y con ello han surgido problemas de hacinamiento y mala alimentación.
Según el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, que agrupa a 14 organizaciones, los migrantes en las estaciones de detención permanecen en condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el Covid-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada y nula atención médica. “El personal de seguridad privada utiliza un lenguaje amenazante y abusivo con los detenidos y no se les garantiza el derecho a comunicarse con el exterior”, advirtió. También denunció que los menores y las familias pasan muchos días en los centros de procesamiento del Instituto Nacional de Migración (INM), cuando, tras las reformas a las leyes de Migración y de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, vigentes desde noviembre pasado, los menores y sus familias no deben permanecer en los centros de detención, sino ser trasladados de inmediato a los albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
También asegura que el INM implementa deportaciones inmediatas que no permiten al migrante solicitar asilo en nuestro país.
Rey David Ruiz, coordinador de la organización La Morada de Comitán, que pertenece al Colectivo, señaló en un comunicado que han participado en el monitoreo de diferentes centros de procesamiento del INM en el sureste de México y en todos ellos se presentan situaciones similares de hacinamiento y maltrato a los migrantes. “La situación ya se está saliendo de control y ante el desbordamiento de menores y familias migrantes, las autoridades mexicanas han tenido que contactar con albergues gestionados por organizaciones civiles para que se hagan cargo de los menores, pero estos albergues no tienen ni la capacidad ni la formación para atender a los niños migrantes, por lo que la atención no cumplirá con los estándares internacionales”, concluyó el Colectivo.
El 19 de marzo, el gobierno mexicano desplegó a miembros de la Guardia Nacional, el Ejército y el INM en la frontera sur para contener la llegada de migrantes procedentes de Centroamérica, en lo que las autoridades denominaron un operativo humanitario de rescate de personas.
