La pandemia Covid-19 afectó los servicios de justicia penal en 16 de los 32 estados del país, revela World Justice Project (WJP) en su tercera edición del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021.
Ante la falta de medidas de Justicia Abierta y Digital para operar a distancia, la organización internacional señala que estos servicios suspendieron su operación por un largo periodo de tiempo, “a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias del país.”
Este miércoles el WJP publica los resultados de su nuevo Índice de Estado de Derecho en México, que identifica los efectos de la emergencia sanitaria en el desempeño de las instituciones de seguridad, justicia, anticorrupción, transparencia y cumplimiento normativo de los 32 gobiernos estatales, así como sus contrapesos.
En términos generales, los resultados de la edición 2020-2021 “evidencian un estancamiento en el avance del país hacia un Estado de Derecho robusto“, con cambios marginales en los puntajes obtenidos por las entidades respecto a la edición 2019-2020.
Sólo hubo aumentos modestos en las puntuaciones de 17 entidades y caídas en cinco, mientras que 10 se mantuvieron sin cambios.
El índice puede tomar valores que van de cero a uno, donde uno indica el máximo apego al Estado de Derecho. Ningún estado del país alcanzó una puntuación ideal. Yucatán tuvo la puntuación más alta con 0,47, mientras que Quintana Roo obtuvo la puntuación más baja (0,34).
El índice se compone de 607 variables agrupadas en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. Es en este último componente donde los estados tuvieron los mayores retrocesos de una evaluación a otra.
Los 16 estados que retrocedieron en materia de justicia penal son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
Dentro de este componente, los subfactores con mayores descensos fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de administración e impartición de justicia y el respeto al debido proceso de las personas acusadas de un delito.
Es decir, las autoridades de justicia penal no resolvieron los casos de manera eficiente y sin dilaciones, en cumplimiento de la presunción de inocencia, en la ausencia de discriminación, en el trato a las personas privadas de la libertad y en el derecho a una defensa adecuada, entre otros.
Alejandro González, investigador y director de proyectos de Estado de Derecho del WJP, explica que estos rezagos estructurales ya existían antes de la pandemia, pero la ausencia de capacidades básicas para tomar medidas de justicia abierta y digital ampliaron las brechas.
“Lo que es evidente en términos muy concretos hacia el futuro es que en la medida en que los órganos jurisdiccionales no adopten disposiciones de apertura y modelos digitales de atención a las personas, éste y cualquier otro evento disruptivo en el entorno no sólo afectará sino que profundizará las brechas que ya existían antes”, dijo en entrevista con El Sol de México.
Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de los estados fue el que mide la eficacia de las investigaciones de la policía y el Ministerio Público: 30 estados se ubicaron dentro del rango mínimo de puntuación a obtener, que es de cero a 0.29, mientras que dos se ubicaron en el segundo peor rango.
En este punto, la organización mide qué tan efectivo es el sistema de justicia para resolver los delitos con tecnología, suficiencia de personal, educación y capacitación de sus agentes.
González considera que es difícil estimar cuánto tiempo le tomará al país regresar a los niveles de justicia que existían antes de la pandemia, ya que depende de factores como la duración de la crisis sanitaria, el ritmo de vacunación y si habrá políticas públicas y recursos específicamente destinados a atender estos rezagos.
Sin embargo, considera que en el corto plazo se requieren tres elementos: cambiar el paradigma del Sistema de Justicia Penal en el país por uno que ponga a las personas en el centro; aprovechar lo que ya existe en materia de digitalización y capacitar a las personas de los órganos jurisdiccionales para atender, por medios virtuales, los diferentes casos que eventualmente se presenten.
“Estos son tres elementos a corto plazo. Más adelante habrá otras reformas de mayor alcance que eventualmente tendremos que llevar a cabo, pero el mensaje importante es: había y hay condiciones para empezar con una agenda transformadora de justicia abierta y justa”, dijo.
