Este jueves, grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto se enfrentaron frente a la sede de la Corte Constitucional de Colombia donde se analiza la iniciativa para despenalizar el aborto en el país.
Un centenar de personas se concentró frente al edificio de la Corte Constitucional, en el centro de Bogotá, para coordinar a los magistrados que buscarán emitir una sentencia trascendental.
En 2006, la justicia colombiana aprobó la interrupción del embarazo en caso de violación, malformación del feto con riesgo para su supervivencia o si la vida de la madre está en peligro.
Aparte de estas excepciones, el aborto se castiga con penas de prisión que van de 16 a 54 meses de cárcel.
En su mayoría, los grupos compuestos por mujeres, identificadas con prendas verdes gritaban “sí, sí, sí al aborto” y posaban con carteles que aclamaban: “¡No a la cárcel por abortar, no a la muerte por intentarlo!”.
“Nos unimos para pedirle a la Corte Constitucional que es hora de que el derecho penal deje de ser la forma de regular el aborto”, dijo Valeria Pedraza, abogada que pide el fin de la “criminalización” de las mujeres que abortan.
Frente a ellas, colectivos denominados “provida”, distinguidos con el color celeste, lanzaron consignas como “que peguen”. En ese lado, algunas mujeres rezaban arrodilladas y con rosarios.
Andrea Barreto, que llevaba un pañuelo azul en la cabeza, afirmó que “la Corte se está extralimitando” porque “el derecho a la vida es inviolable”.
El tribunal tendrá que tomar una decisión hasta el próximo viernes. La eventual despenalización sacudirá sin duda a un país tradicionalmente conservador, donde la Iglesia católica y los evangélicos ejercen una fuerte influencia.
Los jueces estudian una demanda de inconstitucionalidad del delito de aborto presentada por el movimiento Causa Justa, integrado por organizaciones sociales, académicas, sanitarias y activistas.
Según el gobierno colombiano, desde 1998 se han iniciado cerca de 5.500 investigaciones por aborto y unas 250 mujeres han sido condenadas desde 2005. Veinticuatro de ellas están entre rejas, según las autoridades penitenciarias.
Las mujeres denuncian todo tipo de obstáculos para acceder al procedimiento, incluso bajo las tres causales permitidas desde 2006. Los grupos antiabortistas y religiosos han rechazado en diferentes ocasiones la flexibilización del acceso al aborto.
