MIAMI. El empresario colombo-venezolano Alex Saab se enfrentó ayer a la Justicia de EE UU por un caso de blanqueo de capitales que tiene como trasfondo la información que puede y quiere aportar sobre los supuestos vínculos del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con esta trama de corrupción.
En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de Estados Unidos lo consideró como un “riesgo de fuga” tras haber luchado tenazmente su extradición desde Cabo Verde, África, durante más de un año, el juez John O’Sullivan programó la próxima audiencia para el 1 de noviembre.
Saab, que finalmente fue extraditado el pasado sábado a EE.UU., estuvo conectado desde su celda a la audiencia virtual, al igual que el abogado Henry Bell, que le representó, desde su despacho.
El extraditado, nacido hace 49 años en Barranquilla (Colombia), estaba solo, sin esposas, con la ropa naranja de la cárcel y su característica melena suelta.
En la breve audiencia de Zoom, que contó con más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer dijo al juez que no recomendaría la fianza.
Lunkenheimer recordó que Saab acababa de llegar al país este fin de semana tras “luchar contra la extradición durante más de 400 días en la República de Cabo Verde”.
El exiliado venezolano, que celebró ayer la extradición a las puertas del tribunal federal de Miami, considera que el empresario puede ser clave para llevar a Maduro y su cúpula a la Justicia.
“Estoy convencido de que va a entregar a Maduro. Qué sentido tiene sacrificarse por un régimen corrupto si puede obtener beneficios, puede conseguir una condena menor”, dijo José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos en el Exilio (Veppex).
Sin embargo, Saab dijo en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que “no tiene nada que colaborar” con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.
Los ocho cargos de los que se acusa a Saab desde julio de 2019 en EE UU (siete de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito) suponen violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según recordó ayer el Departamento de Justicia.
Para la oposición de Miami, la inmediata reacción del Gobierno venezolano a la extradición de Saab, que el mismo sábado interrumpió los diálogos con la oposición venezolana que se celebraban en México, es una muestra de la importancia del caso para Maduro.
La decisión fue criticada por Washington. “Están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar, por encima del sustento de los millones de venezolanos que han dejado claras sus aspiraciones de democracia”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Según los archivos del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pidió, a petición de Maduro, que no aceptara la extradición voluntaria.
La justicia estadounidense acusa al empresario de 49 años y a su socio Álvaro Pulido, en paradero desconocido, de dirigir una amplia red para desviar fondos de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.
Según Washington, ambos transfirieron unos 350 millones de dólares del país sudamericano a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países. Si son declarados culpables, se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión.
