Desde octubre de 2020 hasta febrero pasado, los tribunales de inmigración de Estados Unidos autorizaron 4.361 solicitudes de asilo de mexicanos, la mayoría de los cuales argumentaron la amenaza del crimen organizado, seguida de cuestiones económicas y persecución política, según cifras de la organización TRAC Immigration de la Universidad de Syracuse, especializada en temas migratorios.
“La mayoría de las solicitudes de asilo presentadas por mexicanos se refieren a amenazas del crimen organizado, especialmente de grupos de narcotraficantes, y en menor medida a cuestiones económicas y persecución política”, dice TRAC en su informe sobre la situación del asilo.
Según datos de la organización TRAC Immigration, en este periodo 27.454 mexicanos fueron condenados por la justicia estadounidense tras solicitar asilo. De ellos, 4.361 fueron aceptados, mientras que 22.311 fueron rechazados y el resto recibió otro tipo de sentencia por parte de los tribunales, que no se explica.
California, fronterizo con México, es el estado de EE.UU. que más asilo concedió a mexicanos en los últimos cinco meses, con 2.552, seguido del estado de Washington (situado en el noroeste de EE.UU.) con 444, mientras que Oregón, otro estado más cercano a Canadá que a México, aceptó 323 solicitantes de asilo mexicanos.
México, según TRAC Immigration, ocupa el 12º lugar entre los países con más ciudadanos a los que Estados Unidos concedió asilo. En la lista de los primeros se encuentran China, India, El Salvador y Guatemala, estos dos últimos forman parte del Triángulo Norte de Centroamérica, que en las últimas semanas ha visto incrementado el flujo de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.
En su análisis el TRAC destaca que cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo en 2017, un total de 542 mil 411 personas deportaciones o juicios de asilo. A principios de 2021, ese número llegó a un millón 290 mil 766, más del doble, lo que obligó a la nueva administración del demócrata Joe Biden a acelerar las audiencias, a pesar de la pandemia del Covid-19.
La organización señala que, aunque la administración Trump contrató a muchos jueces de inmigración y puso en marcha diferentes estrategias destinadas en parte a reducir el retraso, éste creció mes a mes.
“Podría decirse que algunos de los cambios de Trump en las operaciones de los tribunales ralentizaron el procesamiento de los casos.
Sin embargo, el principal impulsor de la explosión del retraso no fue solo la falta de jueces de inmigración, sino el tsunami de nuevos casos presentados ante los tribunales por el Departamento de Seguridad Nacional“, dice TRAC.
Además, advierte que incluso si el gobierno de Biden detuviera por completo la aplicación de la ley de inmigración, se necesitarían más de los cuatro años de su presidencia para completar los casos pendientes y atrasados.
“Mientras lidiamos con las decisiones que darán forma a las políticas de inmigración en el futuro, esta gigantesca acumulación de casos en espera de resolución es una parte importante del legado del presidente Trump. El presidente Biden debe ahora considerar cómo su administración puede abordar con éxito este retraso, algo que las administraciones anteriores han encontrado como un problema perenne y aparentemente intratable”, subraya la organización estadounidense.
Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca se ha intentado agilizar los procesos de asilo de los centroamericanos, que en la administración Trump fueron devueltos a México mientras se resolvía su juicio.
A la demora de los tribunales en los casos de asilo hay que añadir el aumento de los intentos de entrar en Estados Unidos sin documentos migratorios. El viernes pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en marzo pasado fueron detenidos 171 mil indocumentados en la frontera sur de ese país, la cifra más alta desde 2006.
