En el primer tramo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 a agosto de 2021), se registraron cinco mil 762 denuncias a nivel nacional por delitos contra el medio ambiente, lo que ya supera las ofensas registradas en la segunda mitad de la administración de Enrique Peña Nieto (diciembre de 2015 a noviembre de 2018), cuando se contabilizaron cinco mil 356.
Aunque las denuncias disminuyeron en 2020, con la llegada de la pandemia del Covid-19, en lo que va del año las cifras parecen proyectar un nuevo incremento. Sólo entre enero y agosto del año pasado se registraron mil 331 denuncias por delitos ambientales, mientras que en el mismo periodo de 2021 ya son mil 473, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La cifra negra es mucho mayor debido a la ausencia de denuncias.
La impunidad ambiental en México
Los delitos ambientales implican una serie de actos que dañan un ecosistema y provocan el deterioro del medio ambiente. Las cifras de la Secretaría no especifican el tipo de delito que se comete, aunque hay muchos tipos. En la legislación mexicana, las actividades clasificadas como tales están tipificadas en los artículos 414 a 423 del Código Penal Federal.
Hay varios ejemplos, como la realización de actividades con materiales o residuos peligrosos que dañen la salud pública, la vida silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas; la descarga de contaminantes en la atmósfera; la descarga de aguas residuales, residuos o contaminantes en suelos, aguas marinas, ríos, lagunas y aguas subterráneas; y la destrucción o relleno de pantanos, humedales, lagunas o manglares.
También comerciar con especies endémicas o en peligro de extinción; provocar incendios en bosques o selvas, destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente e introducir al país flora o fauna que padezca enfermedades o plagas contagiosas, entre otros.
“La contaminación puede ser de diferentes naturalezas: el desecho de productos no deseados; la pesca incidental que provoca la contaminación del agua; los desechos de las aguas negras cuando no hay infraestructura en las ciudades costeras; el mal manejo o la mala administración en términos de desarrollo costero en el sentido de que se construyen granjas acuícolas o cualquier otro tipo de infraestructura y perdemos este hábitat costero”, explicó Catalina López-Sagástegui, directora del Programa Marino del Golfo de California de la Universidad de California, en Estados Unidos.
La especialista añadió que normalmente estos actos no están regulados, o si lo están, simplemente nadie les presta atención.
A pesar del aumento del número de denuncias, el presupuesto de las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente ha caído en picado. La falta de personal y la corrupción de las autoridades encargadas de la supervisión han contribuido al problema.
Gonzalo Chapela, coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), señaló que hay una falta de inversión presupuestal.
“Hay una caída de más de 60 por ciento a la Conafor, tanto para la promoción de buenas prácticas como para la capacitación de comunidades y usuarios; y también a la Semarnat para poder ejercer la regulación.”
Entre 2016 y 2021, el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pasó de 55 mil 770 millones de pesos a 31 mil 348 millones de pesos.
A su vez, en el mismo periodo, el gasto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) bajó de siete mil 487 millones a dos mil 362 millones de pesos. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el presupuesto disminuyó de 968 a 742 millones de pesos. Y los recursos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) disminuyeron de mil 359 millones a 866 millones de pesos.
Para López-Sagástegui, el problema no es sólo de presupuesto, sino de un cambio de fondo. “Definitivamente sin presupuesto es muy difícil operar nada. Cualquier institución o cualquier objetivo o meta que nos propongamos va a ser más difícil de alcanzar. Si no arreglamos estas fallas fundamentales, no vamos a resolver el problema”, dijo el miembro del Instituto de las Américas.
