SANTIAGO. El juicio político al presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, dio un paso importante a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales al ser aprobado en la Cámara de Diputados en una jornada maratoniana que mantuvo en vilo al país.
Tras un largo debate, los diputados lograron reunir los 78 votos a favor necesarios para que el juicio político a Piñera avanzara al Senado. Sesenta y siete diputados votaron en contra y tres se abstuvieron.
Con este paso, el presidente queda impedido de salir del país, pero puede seguir ejerciendo sus funciones hasta que el juicio político llegue a la Cámara Alta, que actuará como jurado para sellar el futuro de Piñera, el primer presidente en ser destituido en 31 años de democracia.
Según varios analistas, el juicio político no tendría los 29 votos necesarios en el Senado para que el presidente sea destituido. La oposición cuenta con 24 escaños.
La acusación constitucional, como se conoce en Chile este recurso que busca la destitución del presidente -que se encuentra en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018-, fue presentada la primera semana de octubre por el arco opositor de izquierda, entre ellos el diputado socialista Jaime Naranjo.
“Estamos viviendo un momento histórico y ha sido posible con la unidad de la oposición”, dijo Naranjo, que habló durante 15 horas en la sesión para leer 1.300 páginas de argumentos.
La táctica buscaba dar tiempo a que se incorporara el diputado Giorgio Jackson, en cuarentena hasta la medianoche por haber estado en contacto con el candidato presidencial de la izquierda, Gabriel Boric, que dio positivo en la prueba del covid-19.
“Lo que hemos visto ha sido un espectáculo”, dijo Juan José Ossa, secretario general de la Presidencia. “Sentimos mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país”.
La investigación de los medios locales CIPER y LaBot, incluida en Los Papeles de Pandora, reveló que los hijos del presidente vendieron la minera Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Délano -amigo íntimo de Piñera- por 152 millones de dólares.
La operación debía realizarse en tres cuotas, y contenía una cláusula que condicionaba el último pago a “no establecer un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones mineras, como exigían los grupos ecologistas”.
