El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este martes a un latino muy crítico con las políticas de su predecesor Donald Trump como director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), una propuesta que debe pasar por el Senado.
De ser confirmado en el cargo, Ed González reportaría al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, cuyo nombramiento marcó un hito al ser el primer latino e inmigrante en dirigir esta cartera.
González -que ejerce como sheriff del condado de Harris (Texas)- fue muy crítico con el anterior presidente republicano por sus duras políticas para combatir la inmigración irregular y se negó a colaborar con el servicio que ahora podría dirigir.
En 2019, se declaró en Twitter en contra de las redadas organizadas por el ICE afirmando que “amenazan con deportar a millones de inmigrantes indocumentados, la gran mayoría de los cuales no suponen ninguna amenaza para Estados Unidos.”
Biden revirtió la política de Trump y ha limitado las deportaciones a las personas detenidas en la frontera, a los individuos que suponen un riesgo para la seguridad nacional y a los inmigrantes con condenas penales.
El presidente también está impulsando una reforma legislativa para dar una vía de legalización a millones de personas, con un destino incierto en el Congreso.
“El sheriff Ed González es una sólida elección para ser director del ICE“, dijo Mayorkas en un comunicado. “Espero que el Senado lo confirme rápidamente para este puesto crítico”, añadió.
Como parte de este cambio en la estrategia migratoria, Mayorkas ordenó el martes al ICE limitar sus acciones cerca de los tribunales o dentro de los juzgados, una práctica que limitaba el acceso a la justicia de muchos migrantes.
El secretario del DHS dijo que la expansión de las detenciones de inmigrantes en los tribunales bajo la administración anterior “tuvo un efecto escalofriante en la voluntad de las personas de comparecer ante los tribunales o de trabajar en cooperación con las fuerzas del orden.”
Para Mayorkas, esta directiva es el último paso en una serie de esfuerzos para orientar los recursos de aplicación de la ley de inmigración hacia las “amenazas a la seguridad nacional.”
La directiva estableció las siguientes excepciones: asuntos que afecten a la seguridad nacional, cuando exista un riesgo inminente de muerte o violencia contra cualquier persona, o cuando se trate de un individuo que suponga un riesgo para la seguridad pública.
También se estipulaba que los agentes podían acercarse en caso de riesgo inminente de destrucción de pruebas en un caso penal.
