El líder independentista y expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención europea emitida por España para su extradición por un intento de secesión en 2017, llegó este lunes al tribunal de Sassari, en Cerdeña (Italia), para comparecer ante el juez, después de haber sido detenido brevemente el 23 de septiembre.
Puigdemont, que había sido puesto en libertad al día siguiente de esa detención, entró poco antes de las 11H00 (09H00 GMT) en la sede del tribunal de apelación de Sassari, en medio de los aplausos de varias decenas de militantes independentistas catalanes y sardos que gritaban “¡Libertad, libertad!”, constató un periodista de la AFP.
Las autoridades judiciales italianas tendrán que determinar si la decisión del tribunal de dejarlo en libertad, con pleno poder de movimiento, es definitiva. Puigdemont había sido detenido a su llegada al aeropuerto de Alghero, en el noroeste de la isla, para participar en un acto dedicado a la cultura catalana.
“Durante la audiencia habrá que determinar si se puede aplicar o no la orden de detención europea”, dijo a la AFP su abogado defensor, el italiano Agostinangelo Marras.
El caso será examinado por tres jueces del tribunal de apelación y cualquier decisión puede ser recurrida en casación, explicó el abogado.
“Por el momento no se va a examinar la cuestión de la extradición”, aseguró Marras.
Puigdemont, eurodiputado desde 2019, que reside en Bélgica, adonde huyó tras la efímera declaración de independencia que lideró en 2017, regresó el domingo a Cerdeña sin registrar problemas para entrar.
El líder independentista fue recibido por Toni Comín y Clara Ponsatí, dos eurodiputados sobre los que pesan las mismas órdenes de detención europeas emitidas por España. También le acompaña Jordi Sánchez, líder de una asociación independentista en el momento del intento de secesión en 2017 y liberado en junio tras haber purgado cuatro años de prisión.
“La justicia italiana cayó en la trampa del Tribunal Supremo italiano”, ha declarado a la AFP Toni Comin, que no fue detenido a su llegada a Cerdeña.
“La justicia italiana no tiene recorrido en una justicia europea que defiende los derechos. Creo que ese es el mensaje que debe quedar claro hoy”, dijo Sánchez de su lado.
La estrategia del líder catalán es intentar que la justicia italiana determine si la orden de detención europea estaba o no en vigor y cuál es el efecto y evitar el tema de la extradición.
Sobre él pesa una orden de detención europea emitida por España en 2019 que, según los abogados de Puigdemont, quedó suspendida a la espera de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre un recurso relativo a la inmunidad del ex dirigente catalán.
El expresidente gozó de inmunidad durante un tiempo, pero los organismos europeos se la levantaron este año. Una decisión confirmada posteriormente por el Tribunal General de la Unión Europea.
El equipo jurídico del líder independentista presentó el viernes ante la justicia europea una solicitud para recuperar su inmunidad parlamentaria.
Es la tercera vez que Puigdemont es detenido desde que huyó de España, la primera en Bruselas, a su llegada, y la segunda en Alemania, en marzo de 2018, donde los tribunales tardaron casi cuatro meses en devolverle la libertad plena.
El caso de Cerdeña se produce en un nuevo contexto, en plena distensión entre Madrid y Barcelona, que se tradujo en la concesión en junio del indulto a nueve dirigentes secesionistas en prisión.
Puigdemont sigue viajando por Europa, desafiando la orden de detención europea emitida por Madrid hace casi dos años.
El jueves, el juez instructor del caso en España, Pablo Llarena, envió un documento a la justicia italiana en el que insiste en que las órdenes de detención siguen vigentes y que el líder catalán debe ser detenido y extraditado.
El representante de la línea más dura del secesionismo, que critica la negociación emprendida con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, es buscado en España por sedición y malversación de fondos relacionados con el fallido proceso independentista.
La sedición, delito del que le acusa España, no figura en el código penal italiano, por lo que un eventual proceso de extradición es muy complejo.
En caso de que la justicia italiana tenga que estudiar su extradición, tiene un plazo de hasta 60 días, que puede ser prorrogado varias veces.
