Tres años después de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tras dos años consecutivos de aumento de la violencia de género en la pandemia de Covid 19, Cuatroté establecerá un registro nacional de órdenes de protección concedidas, emitidas y efectivas, tras una evaluación de las mujeres afectadas por cualquier forma de violencia en México.
La Comisión Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres anunció que creará centros de justicia para mujeres en zonas con altos índices de violencia de género, después de que el año pasado se cerraran refugios para mujeres debido a las medidas de austeridad.
Para hacer frente a la violencia a la que se enfrentan más de 19,1 millones de mujeres, de las cuales 8,2 millones se encuentran en situación de violencia grave y 4 millones en situación de violencia muy grave, la Alerta Amber y el Protocolo Alba se armonizarán en todo el país con los más altos estándares de protección durante los próximos tres años.
El objetivo es mejorar la coordinación entre la Conavim, los gobiernos estatales y las fiscalías locales.
El documento enumera más de 103 acciones que se pondrán en marcha en los próximos años, entre las que se encuentra promover la normalización de los protocolos de actuación inmediata con perspectiva de género para las policías municipales, comunitarias y estatales.
Propone cambiar los libros de texto gratuitos para difundir medidas de prevención y eliminación de diversos tipos de violencia, discriminación y estereotipos.
Prevé el registro de sanciones para los funcionarios públicos que no cumplan con las normas y protocolos para la prevención y eliminación de la discriminación y la tortura sexual, y promueve la creación de un responsable social de género para medir los avances en los acuerdos de la Comisión del Sistema Nacional.
Para dar alternativas a las víctimas de la violencia, una vez que se cuente con el Registro Nacional de Mujeres Víctimas que Reciben Protección del Estado, el Gobierno Lopezobradorista pretende incluir a todas estas mujeres y a sus familiares indirectos que también son víctimas en los programas sociales, particularmente en las Becas Benito Juárez para el Bienestar, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Sembrando Vida y Tandas para el Bienestar.
En el proceso de denuncia, reconoce la necesidad de mejorar la capacitación del personal de salud en la NOM-046-SSA-2005 para atender los casos de violencia familiar y sexual contra las mujeres y evaluar su impacto en la adecuada atención y denuncia de los casos.
Los cuatro objetivos a medio plazo del programa para la administración federal son: “Reducir la violencia contra las mujeres mediante medidas preventivas para eliminar los factores de riesgo”.
Prevé promover servicios de atención integral especializada con enfoque interseccional e intercultural para las mujeres víctimas de violencia, promover la procuración y gestión de recursos con perspectiva de género para garantizar la sanción, la reparación del daño y la no repetición de los delitos ante las instancias competentes a nivel nacional, e impulsar acciones de coordinación para institucionalizar la eliminación de la violencia contra las mujeres en el Estado mexicano.
En el diagnóstico, el gobierno federal señala que la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, esposos, novios, ex-novios, ex-parejas o ex-esposos a lo largo de su vida en México es “severa y muy severa” en 64% de los casos. Esto significa que de los 19,1 millones de mujeres que sufren violencia, 8,2 millones se ven afectadas por la violencia grave y 4 millones por la violencia muy grave.
“La principal consecuencia de esta gravedad es que se pone en riesgo la vida de las mujeres y se deteriora su calidad de vida y la de sus hijos.
Se calcula que cada mujer pierde 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado cada año debido a la violencia de su pareja.
