El gobierno nicaragüense encabezado por Daniel Ortega está llevando a cabo una nueva ola de represión contra las voces críticas del régimen sandinista, un episodio que avivó la tensión en el país y volvió a despertar el descontento internacional tras el arresto domiciliario de la opositora Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Chamorro que derrotó a Ortega en 1990 en las elecciones presidenciales.
De cara al nuevo proceso electoral del 7 de noviembre, el presidente reactivó una persecución contra sus rivales a través de los organismos judiciales y electorales controlados por el régimen.
Para el periodista nicaragüense Douglas Carcache, el gobierno perseguirá a quien represente un peligro para su permanencia en el poder, “de hecho, todos los precandidatos de la oposición están amenazados de ser inhibidos de este proceso electoral”, destacó el director editorial del periódico El Nuevo Diario, uno de los medios que suspendió su labor informativa tras 40 años de existencia y luego de los problemas económicos y técnicos originados por la opresión del régimen nicaragüense.
En una entrevista para El Sol de México, Carcache afirmó que cualquier imagen que represente una oposición a Daniel Ortega será perseguida como el caso de Cristiana Chamorro, como lo ha sido desde 2018 cuando comenzaron las rebeliones civiles antigubernamentales.
“La represión contra la población, los periodistas y los activistas de la oposición ha sido constante desde 2018”, destacó Carcache, quien agregó que desde ese año, más de 60 periodistas se exiliaron, la policía allanó y ocupó las oficinas de dos medios de comunicación, el canal de televisión 100% Noticias y el periódico Confidencial.
En el marco de la persecución gubernamental, los colegas Lucía Pineda y Miguel Mora, que dirigían el canal 100% Noticias, fueron encarcelados durante seis meses, acusados de promover el odio. Las nuevas oficinas de Confidencial fueron allanadas por segunda vez por la policía el 20 de mayo. Se llevaron todo el equipo, incluido el de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche.
El arresto domiciliario de Chamorro, acusado de lavado de dinero, lavado de activos y lavado de bienes, sirvió como mecanismo de intimidación por parte de la Fiscalía, añade Douglas, ya que más de 25 periodistas han sido citados a declarar.
“Hay una nueva ola represiva del régimen, cuando faltan sólo cinco meses para las elecciones, y se deduce que tiene dos propósitos: eliminar del proceso electoral a los candidatos con potencial para vencer a Ortega y que haya pocos medios periodísticos independientes que informen bien a los ciudadanos”, dijo.
En los últimos días, el Consejo Supremo Electoral anunció que prohibiría las candidaturas de los opositores que hayan participado en el apoyo a un golpe o intento de golpe, y que también negaría la inscripción a los participantes en actos “terroristas”. Para el gobierno, cualquier intento de manifestación es considerado “terrorismo”.
Las manifestaciones sociales que se iniciaron en abril de 2018 fueron reprimidas con violencia, después de que una turba sandinista golpeara a unos ancianos que se quejaban de un impuesto que grava las pensiones de los jubilados, recordó Carcache.
Ese incidente dio lugar a protestas cívicas que fueron reprimidas violentamente. “Quien creó el terror fue el gobierno, cuando envió a policías y paramilitares a disparar contra la población civil y causó más de 320 muertos en las semanas siguientes”, dijo.
El periodista nicaragüense aseguró que ahora, cualquier ciudadano que haya participado en las marchas pacíficas y multitudinarias, enarbolando la bandera azul y blanca de la patria, como ocurrió en abril y mayo de 2018, es considerado por el gobierno como “golpista” o “terrorista” y le han quitado sus derechos.
En el caso de las ONG, son reprimidas por haber recibido fondos externos, de agencias de cooperación. A partir de octubre de 2020, Ortega creó leyes para sacar del juego político a los activistas de la oposición y a las organizaciones no gubernamentales.
Una es la Ley de Agentes Extranjeros, mediante la cual interviene a personas naturales y jurídicas para controlar el uso y destino del dinero y bienes que reciben del exterior, impidiéndoles participar en política.
Otra es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, que sanciona a quienes hayan realizado protestas que, según el régimen, hayan atentado contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país y hayan incitado a la injerencia extranjera en los asuntos internos.
“El gobierno intenta cercar a la oposición por todos los lados, tratando de llegar a las elecciones del 7 de noviembre sin opositores fuertes y con una población atemorizada”, comentó Carcache.
PRESIÓN INTERNACIONAL
Cuestionado sobre por qué considera que Chamorro está bajo arresto domiciliario a pesar de la orden de detención, consideró que hay mucha presión internacional contra el régimen.
La Unión Europea y Estados Unidos exigen su liberación.
