TEGUCIGALPA. Decenas de organizaciones de la sociedad civil hondureña exigieron, en un comunicado, la “salida inmediata” del presidente Juan Orlando Hernández y de las principales autoridades gubernamentales por haber convertido al país en un “narcoestado”.
“Llenos de indignación”, los dirigentes de las agrupaciones acordaron en una declaración “exigir incondicionalmente (…) la salida inmediata del presidente Juan Orlando Hernández del gobierno (y) el relevo del alto mando militar” que lo apoya.
También pidieron la salida del “fiscal general, del presidente del Congreso, del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República” y solicitaron la convocatoria de un gobierno de transición para llevar adelante las elecciones generales del 28 de noviembre.
“Somos testigos de la destrucción del Estado de Derecho y de la construcción de una dictadura de partido que se ha convertido en un narco-Estado con el que nos exhiben al mundo entero”, señalaron las organizaciones en el documento.
Firman la declaración denominada “Llamado Patriótico a la Transición” 36 organizaciones, entre ellas Cáritas de la Iglesia Católica, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth) y Convergencia contra el Continuismo, una alianza de organizaciones no gubernamentales y políticas.
La semana pasada, un tribunal federal estadounidense condenó a cadena perpetua al ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente hondureño, al considerarlo responsable del contrabando de 185.000 kilos de cocaína a Estados Unidos, con la ayuda de instituciones estatales hondureñas.
El juez del tribunal, Kevin Castel, aseguró que el condenado “actuó como intermediario en los sobornos a políticos, entre ellos su hermano Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional (gobernante)”.
Días antes, en el mismo tribunal, el hondureño Geovanny Fuentes, a quien los fiscales estadounidenses consideran socio del presidente en un “narcoestado”, fue declarado culpable de narcotráfico.
El presidente Hernández rechazó los cargos y criticó a la justicia estadounidense por basarse, según él, en testimonios de antiguos narcotraficantes perseguidos por el gobierno hondureño que buscan venganza. Su hermano apelará la sentencia.
En el juicio, apoyado por cinco ex capos del narcotráfico como testigos, los fiscales federales apoyados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) argumentaron que el actual presidente recibió dinero, incluso del mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, a cambio de ayuda para transportar droga a través de Honduras hacia Estados Unidos.
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