El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró este miércoles el estado de excepción en todo el sistema penitenciario, tras la masacre, que dejó más de 100 muertos, registrada el martes en la cárcel número 1 de la ciudad de Guayaquil (suroeste), por un enfrentamiento entre bandas criminales.
“Declárase el estado de excepción por grave conmoción interior en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por un período de 60 días a partir de la suscripción del presente decreto ejecutivo”, señala el documento firmado por el jefe de Estado.
El anuncio sobre la declaratoria de la medida excepcional se dio luego de que se publicara en redes sociales que los muertos del motín carcelario del martes ascendían a unos 110 y que 70 de ellos habían sido encontrados en los pabellones 9 y 10 de la Penitenciaría de Guayaquil, tras una requisa realizada por unidades tácticas de la Policía.
Ayer, tras una primera intervención de unidades especiales, el jefe de la Policía, Fausto Buenaño, había informado que había 24 internos muertos y 49 heridos, mientras que el gobernador (representante del Ejecutivo) de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, indicó que la situación estaba controlada.
Sin embargo, este miércoles, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), en su cuenta de Twitter, precisó: “Hasta el momento se confirman más de 100 PPL (personas privadas de libertad) muertas y 52 heridas”, y aclaró que la Policía, junto con la Fiscalía, “continúan recabando información”.
Por su parte, la oficina del presidente Lasso informó que se ha declarado el estado de emergencia y que se ha programado una reunión de las fuerzas de seguridad para evaluar la situación.
En el decreto ejecutivo, el mandatario indicó que la medida excepcional “se fundamenta en las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de las personas privadas de libertad, del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y de los miembros de la Policía”.
Asimismo, señaló que el estado de excepción busca “salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad, como grupo de atención prioritaria”, así como los de los guías penitenciarios y los policías.
Prevé la movilización nacional de todos los organismos de la administración pública, especialmente el SNAI, las Fuerzas Armadas y la Policía, para “coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias para restablecer y mantener el orden, previniendo nuevos eventos de violencia social al interior de los centros”.
En caso de incidentes flagrantes al interior de las cárceles, “la Policía, en coordinación con las Fuerzas Armadas, “deberá intervenir de manera urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente y respetando los derechos humanos”, agrega el decreto.
También especifica que la participación de las Fuerzas Armadas debe respetar los criterios de “necesidad, razonabilidad y proporcionalidad”.
