La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha intentado “quitarse la vida” en la cárcel por la desesperación que le produce su situación judicial, según uno de sus abogados, mientras que el Gobierno dijo que tenía “algunos rasguños” en los brazos y que estaba “completamente estable”.
Añadió que la ex presidenta tenía “todas las condiciones necesarias” para cumplir su prisión preventiva y que se respetarían sus derechos. Áñez, que está recluido en una cárcel de La Paz por problemas de salud como hipertensión y depresión, salió de la cárcel este mes para someterse a una serie de pruebas médicas.
Preguntado por los motivos de las lesiones, el ministro dijo que se había hecho la misma pregunta al ex presidente. “Dijo que no era consciente de sus motivos para intentar hacer algún tipo de daño”, dijo Del Castillo.
La familia de Áñez ha pedido en repetidas ocasiones que la trasladen a un hospital para que reciba tratamiento médico especializado, principalmente porque sufre de hipertensión.
La defensa de la ex presidenta ha pedido sin éxito a los tribunales que le concedan el arresto domiciliario.
El expresidente, de 54 años, está detenido desde marzo del año pasado, acusado por el Gobierno de haber cometido varios delitos durante su mandato entre 2019 y 2020. Está acusada de delitos como genocidio, terrorismo, conspiración, resoluciones inconstitucionales y abandono del deber en tres juicios distintos.
Mientras tanto, en una carta firmada por los tres, los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jaime Paz Zamora (1989-1993) y Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) expresaron su preocupación por la salud de Áñez e instaron al Poder Judicial y a la Fiscalía General a proteger la integridad física y psicológica de Áñez.
Los tres expresidentes señalan en la carta que los informes médicos y las imágenes de la expresidenta muestran un “deterioro de su salud”, por lo que consideran “crucial y urgente revisar su situación jurídica para permitirle defenderse protegiendo su derecho a la salud”.
Los fiscales presentaron cargos contra Áñez para iniciar un juicio por la responsabilidad de las muertes en dos regiones en la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas de ese año.
Esas elecciones fueron anuladas por acusaciones de fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales, que afirma haber sido víctima de un “golpe de Estado”.
Las bancadas opositoras del gobierno de Luis Arce enviaron cartas a organismos internacionales exigiendo que se respeten los derechos humanos de Áñez, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia exigió que la ex presidenta se defienda en libertad.
|| Con información de EFE y AFP
