El lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a El Salvador que no adoptara el Bitcoin como moneda de curso legal, alegando que su volatilidad planteaba riesgos para los consumidores y la integridad del sistema financiero del país centroamericano.
En septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en introducir la criptomoneda como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. El sábado, el presidente del país, Nayib Bukele, anunció su plan de construir la primera “ciudad Bitcoin”, financiada inicialmente con bonos respaldados por Bitcoin.
Sin embargo, una misión del FMI que visitó recientemente El Salvador recomendó a las autoridades que no utilizaran el Bitcoin como moneda de curso legal debido a los elevados riesgos que conlleva y sugirió que se reforzaran los controles sobre la aplicación de las políticas.
“Dada la gran volatilidad del Bitcoin, su uso como moneda de curso legal plantea grandes riesgos para la protección de los consumidores, la integridad del sistema financiero y la estabilidad financiera”, dijo el FMI en un comunicado.
“Su uso también puede dar lugar a riesgos fiscales. Debido a estos riesgos, el Bitcoin no debería introducirse como moneda de curso legal. La misión recomienda limitar el alcance de la ley del Bitcoin e insta a una mayor regulación y supervisión del nuevo ecosistema de pagos”, añadió.
El panel, que estima que la economía de El Salvador crecerá un 10% en 2021 y un 3,2% en 2022, reconoció que la introducción del Bitcoin promoverá la inclusión financiera y el crecimiento económico, pero advirtió de los peligros potenciales para las finanzas del empobrecido país.
“El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar su evaluación técnica de El Salvador (…) Y aunque obviamente no estamos de acuerdo en algunas cosas, como la adopción del Bitcoin, su análisis de nuestro país es interesante”, respondió Bukele en Twitter.
El FMI, que estima que la deuda pública del país podría alcanzar el 85% del producto interior bruto (PIB), recomendó aplicar un paquete de medidas de consolidación fiscal de alrededor del 4% del PIB en los próximos tres años.
El Salvador y el FMI están negociando actualmente un acuerdo de financiación de 1.300 millones de dólares.
