El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este lunes al Tribunal Supremo que detenga la aplicación de una ley en Texas que prohíbe prácticamente todos los abortos en ese estado.
En su petición, el Gobierno de Biden considera que la ley de Texas va en contra del precedente legal establecido en 1973 por el propio Tribunal en el caso “Roe contra Wade“, que legalizó el aborto en todo el país.
La ley de Texas, el segundo estado más poblado del país, prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, y no contiene excepciones para casos de incesto o violación.
En este sentido, a juicio del Ejecutivo de Biden, la legislación desafía expresamente el precedente establecido por el caso “Roe v. Wade“, que legaliza el aborto hasta los seis meses, cuando se considera que el feto podría sobrevivir fuera del útero.
Por este motivo, el Gobierno pidió al Tribunal Supremo que bloquee esta ley de forma preventiva ante los daños irreparables que puede causar a las mujeres y hasta que los tribunales del país adopten una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.
En concreto, pide al Supremo que anule la sentencia dictada hace diez días por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, uno de los más conservadores del país, que permitió la reinstauración de la ley después de que un juez de un tribunal inferior la bloqueara durante 48 horas.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos está compuesto por nueve jueces, tres progresistas y seis conservadores, por lo que Biden, del Partido Demócrata, se enfrenta a una situación complicada.
El propio alto tribunal permitió que la ley entrara en vigor en septiembre porque no se pronunció sobre una petición urgente para bloquearla en las clínicas de Texas.
La ley de Texas permite a los particulares presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una mujer embarazada a abortar si creen que viola la prohibición y ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana un juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora a las autoridades de Texas eludir la responsabilidad de hacer cumplir la ley porque la carga de la aplicación recae en esos ciudadanos privados, no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
Ninguna otra ley similar que prohíba el aborto a las seis semanas de gestación -cuando se puede detectar el latido del corazón del feto- ha entrado en vigor en Estados Unidos.
