El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo la consulta para la Revocación de Mandato, para el próximo año 2022, por lo que ajustarán los recursos y en su caso solicitarán a la Secretaría de Hacienda.
Los consejeros decidieron por unanimidad continuar con el proceso para la consulta de Revocación de Mandato y también realizar una revisión y ajuste interno a su presupuesto y en todo caso, solicitar recursos adicionales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder llevar a cabo este ejercicio.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, tras las resoluciones de la SCJN y del TEPJF, afirmó que “acataremos todas las resoluciones judiciales en su totalidad, leyendo todas las sentencias. El INE saldrá adelante cumpliendo con la Constitución y lo que ésta manda”.
“Es bueno que este asunto se haya judicializado, que se haya tomado la decisión y que el tribunal nos haya indicado el camino”, pero que en caso de no poder obtener los recursos a través de ajustes presupuestales dentro del INE o que Hacienda nos proporcione recursos “nadie está obligado a hacerlo”.
En sesión extraordinaria, los consejeros señalaron que el TEPJF detalló que los ajustes del INE no deben afectar sus estatutos en materia laboral, afectando los salarios y prestaciones de los propios consejeros o las funciones del Instituto.
En este sentido, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que la orden del Tribunal fue precisamente la que abrió una nueva expectativa de poder hacer un ajuste presupuestal, pero que no se pueden poner en riesgo las atribuciones constitucionales que tenemos, ni sus obligaciones legales y estatutarias en materia laboral.
El presidente del INE señaló que no sabe si se lograrán eficiencias dentro del INE para obtener 2 mil 300 millones de pesos, pero no vamos a dejar de entregar credenciales, inspeccionar y vigilar, ni afectar los derechos laborales que están en la Constitución.
