San Salvador, El Salvador – La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión el sábado y como primera medida destituyó a los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que adoptaron decisiones incómodas para el mandatario.
“Con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, se aprueba el decreto de destitución de los magistrados”, declaró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. La decisión destituyó a los cinco miembros de la Sala Constitucional y a sus suplentes. El Parlamento designó inmediatamente a sus sustitutos.
La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados de esta sala de haber dictado sentencias “arbitrarias”.
“Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESPIDO!”, enfatizó Bukele al aprobar la destitución.
Sin embargo, a pesar de haber sido ya relevados del cargo, los miembros destituidos de esta cámara, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon “la inconstitucionalidad del decreto de destitución”, porque “viola la forma republicana de gobierno”.
En su sentencia denunciaron la intención de “suprimir los controles efectivos hacia los órganos Ejecutivo y Legislativo“, necesarios para la República y para la defensa de la democracia.
Bukele ha librado una batalla contra la ya saliente Sala Constitucional, que bloqueó al menos 15 normas relacionadas con la gestión de la pandemia a mediados de 2020, la mayoría de ellas sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que violaban derechos fundamentales de los ciudadanos.
En ese momento, el presidente aseguró que el tribunal le había “quitado las facultades para luchar contra la pandemia” del covid-19 y para cuidar la vida de sus compatriotas.
La Sala Constitucional es una de las cuatro salas que componen el Tribunal Supremo. Su misión es resolver demandas de inconstitucionalidad, habeas corpus y controversias entre los poderes del Estado.
Sus actuales miembros han sido nombrados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.
“Hay evidencias claras de que los actuales magistrados no reúnen los méritos para tan fundamental función”, dijo el diputado del oficialista Nuevas Ideas (NI), Caleb Navarro, y consideró que removerlos era una medida de protección para la población.
“Es evidente que los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin vida no hay otros derechos constitucionales”, consideró la legisladora Suecy Callejas, también de NI.
Los parlamentarios de oposición, que ahora representan una pequeña minoría, cuestionaron la forma en que los magistrados fueron destituidos, sin ser citados a la Asamblea ni ser escuchados sus argumentos.
“Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa, con una mayoría que el pueblo les dio a través del voto, es un golpe de Estado. No caigamos en ese error porque el pueblo salvadoreño votó por ustedes con la esperanza de un nuevo país”, dijo el diputado René Portillo, de la derechista ARENA.
“Como grupo parlamentario no seremos cómplices del golpe de Estado“, comentó la legisladora Anabel Belloso, del antiguo Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En el nuevo Congreso unicameral, el partido formado por Bukele, Nuevas Ideas (NI), tiene 56 diputados, mientras que sus aliados, los conservadores de la Gran Alianza Nacional (Gana), tienen 5, sumando 61 escaños de un total de 84.
Con este número, los aliados de Bukele superan la llamada “mayoría cualificada” en el Parlamento que, además de las funciones habituales de aprobación de leyes, les permite ratificar préstamos, elegir a los fiscales generales, al procurador general y a los magistrados del Tribunal Supremo.
Los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), con 14 escaños; el izquierdista FMLN, con 4; el Partido de Concertación Nacional (PCN, derecha), con 2; y la Democracia Cristiana, Nuestro Tiempo y Vamos, con un parlamentario.
