El informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro de “crímenes de lesa humanidad” y otros delitos por su errática gestión de la pandemia del covid-19 fue aprobado este martes por una comisión parlamentaria y ahora será enviado a la Justicia.
El documento, aprobado por siete votos a favor y cuatro en contra, describe en 1.287 páginas los resultados de la investigación realizada por una comisión de once senadores sobre la actuación del Gobierno ante una pandemia que ya ha matado a más de 606.000 personas en el país.
La comisión dijo haber encontrado irregularidades muy graves, que la llevaron a formular nueve cargos contra Bolsonaro y varios cargos contra cuatro ministros, tres hijos del presidente, asesores del gobierno y parlamentarios, incluidos en un total de 80 acusados, entre ellos dos empresas del área médica.
En el caso del líder de la ultraderecha, se le acusa de crímenes de lesa humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al crimen, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y ataques a la dignidad del cargo.
Las acusaciones serán presentadas próximamente a la justicia ordinaria y, en lo que respecta a Bolsonaro, a la Fiscalía General, al Tribunal Supremo y a la Corte Penal Internacional de La Haya, en este último caso por supuestos crímenes de lesa humanidad.
En los documentos que serán enviados a la corte, se incluyó un pedido para que Bolsonaro sea “suspendido” por tiempo indeterminado de las redes sociales, en las que tiene una actividad febril y que ha utilizado para difundir masivamente información falsa sobre la pandemia.
La última de ellas, la semana pasada, cuando insinuó en una transmisión en vivo que quienes toman dos dosis de vacunas tienen mayor riesgo de contraer el sida, lo que llevó a Facebook e Instagram a eliminar ese video y a Youtube a suspender la cuenta del presidente por siete días.
LA PRINCIPAL SOSPECHA: LA BÚSQUEDA DE LA INMUNIDAD POR CONTAGIO
A lo largo de su trabajo, la comisión celebró 69 audiencias en las que interrogó a casi un centenar de personas y descubrió desde indicios de presunto fraude en las negociaciones para la compra de vacunas, hasta una estructura de difusión de noticias falsas y una supuesta “estrategia” del Gobierno para acelerar los contagios.
Según el informe final, el propio Bolsonaro “alentó repetidamente a la población a romper el distanciamiento social, se opuso al uso de mascarillas, promovió aglomeraciones e intentó descalificar las vacunas”.
Pero todo ello, concluyó la comisión, escondía en realidad “una estrategia basada en la idea de que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva” y que fue “consecuencia” de una “decisión política dirigida exclusivamente a la rápida reanudación de las actividades económicas”.
UN MONUMENTO CONMEMORATIVO Y UNA PENSIÓN PARA LOS “HUÉRFANOS DE LOS CÓVIDOS”.
En sus conclusiones, el informe recoge la decisión de crear, en la propia sede del Senado, un memorial en recuerdo de los muertos por el covid en Brasil.
“Para que nunca olvidemos lo que ocurrió en este país y a las personas inocentes que pagaron con sus vidas la conducta irresponsable del Gobierno en la gestión de la pandemia. Para que nunca olvidemos“, dice el informe, que también “compromete” a los miembros de la comisión a “vigilar” los procesos que seguirán ahora en los tribunales.
Además, el informe propone que se conceda una pensión equivalente a un salario mínimo a los “huérfanos covídicos”, como se conoce a los niños que han perdido a su padre, a su madre o a ambos, y que, según un reciente informe publicado en la revista Lancet, se cree que son unos 113.000.
El último minuto de la comisión parlamentaria, tras casi 100 horas de audiencia, fue de silencio, en memoria de las víctimas.
