Los gobernadores de Jalisco y Tamaulipas, Enrique Alfaro y Francisco García Cabeza de Vaca, violaron la veda electoral al difundir propaganda durante el proceso de Consulta Popular, determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De acuerdo con los magistrados de la Sala Regional Especializada del TEPJF, los gobernantes estatales emitieron obra pública a través de sus redes sociales.
Ante esto, los congresos locales de Jalisco y Tamaulipas deben imponer una sanción a los gobernadores.
La magistrada Gabriela Villafuerte dijo que ambos gobernadores violaron los principios rectores de servicio público, autocontención, moderación, neutralidad que deben existir para que no haya propaganda gubernamental durante la veda electoral.
“Se establecieron reglas, se dijo que se suspendería toda la propaganda gubernamental. Hay una norma clara y pide la suspensión de la propaganda electoral”, advirtió el magistrado.
Por su parte, el magistrado Luis Espíndola refirió que en ambos casos hubo violación e infracción.
“Los gobernantes no pueden desligarse de las normas. La Constitución es clara, ninguna orden de gobierno puede hacer propaganda”, afirmó.
Sobre el caso de Tamaulipas, el juez Espíndola también responsabilizó a Francisco García Juárez, coordinador de Comunicación Social, y a Tenoch de la Mora, director general de Planeación e Imagen Institucional del gobierno estatal, por la misma conducta.
Esto luego de que los responsables publicaran un mensaje alusivo a obras del gobierno de Tamaulipas como la inauguración de dos carreteras en Reynosa; lo que según los integrantes del órgano jurisdiccional, contraviene el artículo 35 de la Constitución.
La Consulta Popular se realizó el 1 de agosto en todo el país y tuvo una participación ciudadana del 7 por ciento del padrón electoral.
En dicho proceso ganó el “sí” a la pregunta “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se realicen las acciones pertinentes, conforme al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los últimos años por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
