Más de 18 mil escuelas privadas cerrarían sus puertas de inmediato en caso de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, imponga la Norma Oficial Mexicana (NOM) 237 a las escuelas particulares, en perjuicio de éstas y de los padres de familia, ya que implicará una sobrerregulación e invasión de facultades y violación al Estado de Derecho, según organizaciones de escuelas privadas.
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En conferencia de prensa, estimaron que para hacer frente a la carga de cumplimiento que genera la NOM-237, las instituciones educativas privadas tendrían que elevar las colegiaturas entre 12 y 15 por ciento.
Esto sólo para cubrir el financiamiento por el retraso de hasta tres meses y 15 días en los pagos que deben hacer los padres de familia, como lo establece el proyecto de esta norma.
Además, si esta norma sale adelante, podría repercutir en el cierre inmediato de entre el 10 y el 40 por ciento en todo el país, lo que supondría unos 18.000 colegios.
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Jesús Manuel Nájera e Itzel Carmona, representantes de instituciones educativas, comentaron que a nivel nacional existen más de 53 normas oficiales o leyes generales que aplican a las escuelas privadas en México, por lo que sería un exceso aplicar esta nueva disposición.
Confían en que al final, con el apoyo de la sociedad mexicana, no se aplique esta NOM, pero de ser así, el último recurso para las escuelas sería solicitar un amparo, ya que se trata de violaciones inconstitucionales.
Asimismo, recordaron que durante los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021, casi 400 mil alumnos desertaron, de 3.7 millones de inscritos, lo que ha sido un golpe para las instituciones de educación privada, sobre todo las más pequeñas que ya cerraron.
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Además, con la nueva normativa tendrían que dejar de exigir el pago de las matrículas durante 3 meses y 15 días, pero si la escuela no cobra, no podrá hacer frente a su nómina, por lo que se prevé un escenario de paro.
Cabe señalar que con estas medidas dejarían de percibir entre 25 y 35 por ciento de los ingresos anuales, sin tomar en cuenta que los flujos operativos mensuales se verán afectados y llevaría a las instituciones privadas a contratar préstamos para pagar la nómina y el resto de los gastos operativos, lo que incrementaría el gasto de 12.7 a 14.6 por ciento.
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Por ello, pidieron al gobierno federal que haga un alto y deseche no sólo la construcción viciada de esta NOM, sino que se olvide de imponer una sobrerregulación que es inconstitucional y que generará daños en el sector que le corresponde y en sus actores, que son los padres de familia que desean acudir a otras opciones educativas más allá de las que tiene el Estado mexicano.
El proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020” de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, fue publicado el 12 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pero aún no ha sido validado ni ha entrado en operación, por lo que hicieron un llamado a la Secretaría de Economía para que dé marcha atrás al proyecto.
